Desde hace algunos años llegan a México personas expulsadas de Estados Unidos con nacionalidad venezolana, nicaragüense, haitiana o cubana, entre otras. Hasta ahora no existen planes de ayuda para ellos.Han pasado dos semanas desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en Estados Unidos. Desde entonces, uno de los focos en que se ha centrado la atención es la deportación de migrantes latinos, tanto por las cifras como por la forma en que se realiza la expulsión. Mientras, se espera que el número de expatriados aumente hasta convertirse en algo histórico, como ha adelantado el propio Trump.
Hasta ahora, el total de deportados se mantiene estable en comparación con los últimos meses del gobierno de Joe Biden. Eso se ve en las cifras divulgadas por México, el país que tiene la mayor cantidad de migrantes en Estados Unidos y al que también se envían deportados provenientes de Venezuela, Nicaragua, Haití, El Salvador, Cuba, Honduras y Guatemala, aunque no hay información oficial actual sobre acuerdos que estipulen la entrada de deportados no mexicanos a México.
Tres opciones para los no mexicanos
En los primeros días del gobierno de Trump se hizo público que 6.244 migrantes fueron deportados a México, entre ellos 1.321 no mexicanos. Si bien el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece una serie de ayudas en el marco del programa "México te abraza”, los deportados que tiene otro país de origen no reciben ningún tipo de asistencia, a no ser que sea una emergencia médica.
Pero esta situación no es nueva. "Esto también ocurrió durante la primera administración de Trump y lo que pasa es que hay deportaciones con efecto cascada. Llegan aquí, los mandamos a otro país y luego ese país hace lo propio si no son nacionales suyos”, cuenta Stephanie Henaro, politóloga mexicana, que ve en la entrada de estos grupos de personas un efecto a largo plazo que se puede traducir en "más racismo y nacionalismo. No estamos preparados ni económica ni culturalmente”.
Ariel Ruiz, analista político del Migration Policy Institute (MPI), explica que "el gobierno mexicano dice no tener ninguna obligación de reinsertar a las personas no mexicanas, y lo que les ofrece son básicamente tres opciones: la primera es solicitar refugio en México y así tener un estatus legal y poder trabajar; ese proceso suele tardar meses, no es fácil y cuesta dinero. La segunda opción es que la persona se regrese a su país de origen de manera voluntaria, lo que implica dinero y asistencia. Y la tercera alternativa, que es lo que suele ocurrir durante el último año, es que los transportan al centro o sur de México donde, o piden refugio, o salen del país”.
Varados en la frontera sur
El traslado de deportados no mexicanos desde la frontera norte a la frontera sur de México es una práctica que lleva tiempo. "Esto es algo que ya se había hecho en la primera administración de Trump, con Biden y ahora continúa. Un migrante que es trasladado a Chiapas, por ejemplo, todavía puede intentar volver a la frontera con EE.UU. y cruzar otra vez de manera irregular, y esa es la opción que la mayoría de los migrantes suelen tomar; pero ahora es un poco menos viable con Trump y su política más agresiva, porque si vuelven a ser detenidos, esto puede acarrear peores consecuencias”, dice a DW Ruiz, encargado del Programa de Política de Inmigración de Estados Unidos y la Iniciativa para América Latina y el Caribe en el MPI.
Los deportados que representan casos más complejos son los venezolanos y nicaragüenses, por la situación que enfrentan en sus países. Stephanie Henaro explica que "la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que firmó un convenio con el régimen de Nicolás Maduro para que los migrantes venezolanos detenidos en México sean deportados y se les otorguen apoyos sociales con cargo al presupuesto mexicano, para evitar que busquen salir de Venezuela nuevamente. En el caso de Nicaragua, esto funciona diferente, porque ellos no pueden ser deportados a su país y se quedan en estados fronterizos con Guatemala, junto con cubanos, haitianos y hondureños, que tampoco pueden ser deportados”.
A pesar del acuerdo antes mencionado, Lizbeth Guerrero, fundadora y directora de la organización Apoyo a Venezolanos en México, acusa que lo pactado no se cumple: "Aunque supuestamente hay un convenio suscrito desde el año pasado entre los gobiernos de Venezuela y México para la devolución de venezolanos mediante vuelos humanitarios, hasta ahora eso no se ha cumplido. Entonces, a los deportados de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití que quieren retornar a sus países solo les están dejando como opción hacer el camino de regreso a pie, con todo lo que eso significa”.
"Es cierto que un país debe velar por sus nacionales y es totalmente lógico, pero no puedes dejar de lado a quienes son de otras nacionalidades”, concluye Guerrero.
(ers)
