La diputada de Morena Elizabeth Mateos propuso castigar la ‘Estafa Romance’ como violencia patrimonial en la Ciudad de México, pues mencionó que este fenómeno representa una modalidad específica de violencia económica y patrimonial, por lo que es necesario su reconocimiento expreso en el marco jurídico, con el propósito de brindar mayor protección a las mujeres, prevenir este tipo de engaños y establecer sanciones proporcionales al daño causado.
Y es que la ‘Estafa Romance’ es un tipo de abuso en el que el agresor –a través de una relación sentimental o afectiva– manipula emocionalmente a la víctima para obtener dinero, bienes o recursos financieros, induciéndola a contraer deudas o entregarle patrimonio bajo falsas promesas de amor, compromiso o ayuda económica mutua.
Expuso que en el país se han presentado 415 denunciaras formales en 17 estados, por este tipo de estafas, mientras que en la Ciudad de México, entre 2021 y 2024, se presentaron 180 denuncias, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
Por ello, dijo, la iniciativa tiene por objeto reconocer y sancionar la estafa romance como una nueva forma de violencia patrimonial y económica en contra de las mujeres, mediante la reforma de la fracción III del Artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y la modificación de la fracción III del artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal.
Elizabeth Mateos señaló que este fenómeno representa una modalidad específica de violencia económica y patrimonial, por lo que es necesario su reconocimiento expreso en el marco jurídico, con el propósito de brindar mayor protección a las mujeres, prevenir este tipo de engaños y establecer sanciones proporcionales al daño causado.
Actualmente en el Código Penal para el Distrito Federal, en el Artículo 200 se sanciona la violencia patrimonial de uno a seis años de prisión, mientras que en el Artículo 236 se sugiera una pena de diez a quince años de prisión y una multa de 226 mil 280 pesos a 339 mil 420 pesos.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Administración de Justicia para su análisis.
