Ramón Cardozo analiza en su columna el papel de la OEA para garantizar la democracia regional.El 10 de marzo de 2025, la OEA elegirá un nuevo secretario general en un contexto de desafíos hemisféricos críticos, como lo son la expansión del crimen organizado transnacional, las crisis migratorias y humanitarias, la degradación ambiental y la creciente influencia de potencias extrarregionales como China, Rusia e Irán. Muchos de estos desafíos están directamente relacionados con el atrincheramiento de los regímenes autoritarios en Cuba, Venezuela y Nicaragua
Para la oposición venezolana y los sectores que luchan por una transición democrática en el país, el resultado de la elección del nuevo secretario general de la OEA es un evento relevante.
Aunque la OEA ha tenido una capacidad de acción limitada y ha logrado pocos resultados concretos en la redemocratización de Venezuela, ha servido en repetidas ocasiones como un importante foro hemisférico, permitiendo visibilizar y posicionar internacionalmente la crisis humanitaria venezolana y la falta de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, acusado de violaciones de derechos humanos y de practicar el terrorismo de Estado.
Dos candidaturas, dos enfoques
La elección del sucesor de Luis Almagro (2015 – presente) se decidirá entre al canciller de Surinam, Albert Ramdin, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano. Si Rubén Ramírez Lezcano asume el cargo, es probable que la OEA mantenga o incluso refuerce la presión sobre el régimen de Maduro, continuando la línea de Luis Almagro.
En el caso de que resulte electo Albert Ramdin, quien al parecer cuenta con el respaldo del bloque CARICOM, es probable que la OEA adopte una postura menos confrontativa y favorezca un enfoque diplomático más conciliador, promoviendo negociaciones con el régimen venezolano.
Para el dirigente opositor venezolano Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional venezolana, "el candidato que tiene el apoyo del mundo democrático es el excanciller Rubén Lezcano, pues es el candidato que entiende la necesidad de una OEA activa en la defensa de la democracia y los derechos humanos en América. Pero también entiende lo amañado que significa el incremento de la presencia de actores como China en la región”.
La OEA, como defensora de la democracia, la libertad y los DD. HH.
Sin embargo, advierte Borges, "más allá del candidato, lo importante es que la OEA en su conjunto dé un vuelco total a su manera de aproximarse a los desafíos de la región. La OEA debe entender que no puede seguir siendo el centro de disputas entre visiones ideológicas, sino que tiene que ser el epicentro en la región en la defensa de los valores de Occidente: democracia, libertad y derechos humanos”
Para el político venezolano, "es necesario que la OEA haga una revisión profunda de sus instrumentos de justicia y derechos humanos para adaptarlos a la nueva época. Todo el sistema interamericano tiene que ser revisado para que sea un arma contra el autoritarismo y no lo que es hoy”.
Protección de la democracia o no intervención
Una de las razones de fondo que explican la escasa eficacia política de la OEA deriva de la tensión inherente que existe entre la protección regional de la democracia y el arraigado principio de no intervención del derecho internacional, que históricamente ha tenido mucho peso en las relaciones interamericanas.
Con mucha frecuencia, los representantes de los estados latinoamericanos evitan respaldar en la OEA medidas contundentes en contra de otros países, temiendo establecer precedentes que eventualmente puedan volverse en su contra durante futuras crisis internas.
A juicio del jurista Asdrúbal Aguiar, exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "los órganos políticos de la OEA permanecen anclados a paradigmas de los siglos XIX y XX, donde la estabilidad y la soberanía estatal prevalecen sobre los derechos ciudadanos”.
Según Aguiar, esta comprensión anticuada del principio de la no intervención contrasta marcadamente con la evolución jurisprudencial de la CIDH que, a través de más de un millar de interpretaciones de la Carta Democrática de la OEA, ha transformado la concepción de la democracia, elevándola de simple mecanismo de gobierno a un derecho humano fundamental.
Por ello, explica Aguiar, "mientras los Estados miembros del Consejo Permanente de la OEA actúan en favor de los gobiernos, con base los principios de la no intervención y el respecto a la soberanía estatal, la CIDH aplica las normas de la Carta Democrática desde una perspectiva de protección universal de las libertades fundamentales. En este contexto, el principio de no intervención deja de ser un obstáculo, pues la protección de los derechos humanos y la democracia trascienden las fronteras nacionales y las limitaciones de la soberanía tradicional”
Falta de consenso interno y diferencias ideológicas
Otro factor que en múltiples oportunidades ha afectado la efectividad política de la OEA es la fractura ideológica (izquierda-derecha) que divide a los Gobiernos de sus Estados miembros.
La necesidad de alcanzar mayorías calificadas o la unanimidad para implementar acciones concretas por parte de la OEA se erige como un obstáculo prácticamente insalvable cuando las divergencias ideológicas entre los Gobiernos obstaculizan un consenso sobre las crisis democráticas.
En el seno de la OEA, es frecuente observar como las lealtades políticas coyunturales predominan sobre el compromiso institucional con los principios democráticos. Cuando la OEA intenta abordar graves retrocesos democráticos en el hemisferio, como los evidenciados en Venezuela o Nicaragua, se manifiesta un patrón recurrente: Gobiernos con afinidades ideológicas hacia los regímenes cuestionados anteponen dichas afinidades a las consideraciones sobre la promoción y defensa de la democracia, y despliegan estrategias obstructivas que van desde el bloqueo completo de las resoluciones hasta la dilución de su contenido, volviéndolas meras declaraciones retóricas.
Un claro ejemplo de esta estrategia obstructiva se evidenció con ocasión del reciente fraude electoral perpetrado por el régimen chavista durante las elecciones presidenciales venezolanas. El 30 de julio de 2024, dos días después de que Nicolás Maduro fuera proclamado como candidato vencedor careciendo de todo respaldo creíble y verificable, se presentó ante la OEA una resolución que básicamente se limitaba a instar al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano a publicar las actas comiciales detalladas de los resultados electorales.
Esta básica exigencia de transparencia democrática no logró la aprobación del cuerpo por un solo voto. De los 34 Estados miembros, 17 se abstuvieron de votar, bloqueando así la solicitud presentada. Entre ellos se encontraban Gobiernos alineados ideológicamente con la Revolución Bolivariana, como los de Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro), México (Andrés Manuel López Obrador), Bolivia (Luis Arce) y Honduras (Xiomara Castro).
Además, una parte significativa de los Estados caribeños se sumó a la abstención, en gran medida debido a las relaciones preferenciales que han mantenido con el régimen chavista a través de acuerdos petroleros.
Episodios como este evidencian que, más allá de la elección del sucesor de Luis Almagro, la OEA enfrenta una encrucijada histórica: debe optar entre transformarse en un garante efectivo de la democracia en las Américas —con mecanismos vinculantes y voluntad política para sancionar a los violadores de sus principios— o reducirse a un espacio de diálogo irrelevante, donde los cálculos geopolíticos coyunturales prevalezcan sobre los principios rectores de su Carta Fundacional y de la Carta Democrática Interamericana.
(ms)
