El presidente de Ecuador planteó la idea de pedir ayuda militar extranjera para enfrentar la crisis de seguridad de su país. Expertos dudan de la efectividad de la idea y sostienen que los planes deben ser a largo plazo.La crisis de seguridad que viven distintos países de América Latina ha suscitado diferentes reacciones. Las noticias de crímenes cometidos por bandas organizadas y vinculadas al tráfico de drogas han azotado con distinto grado de crudeza a la región, y las voces que exigen acciones inmediatas -que van desde las más meditadas hasta las populistas- se oyen con más fuerza, incluso reactivando debates olvidados, como en Chile, donde la reposición de la pena de muerte volvió a surgir en medio de una disputa electoral presidencial en ciernes.
O en Ecuador, donde la tasa de homicidios se ha disparado en la última década. Allí, el presidente, Daniel Noboa, deslizó, en una entrevista con la cadena británica BBC, la posibilidad de pedir ayuda militar a Estados Unidos, la Unión Europea o Brasil para enfrentar la criminalidad. Incluso surgió la idea de contratar a empresas militares privadas. ¿Qué tan factible es esta propuesta? ¿Ha funcionado en alguna parte?
"La experiencia lo que ha mostrado es que traer a los militares a labores de seguridad interna genera un deterioro en la garantía de los derechos de la ciudadanía”, dice a DW Catalina Niño, coordinadora en Colombia del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la fundación alemana Friedrich Ebert. "Las fuerzas armadas no están pensadas para estar tan cerca de población civil, y cuando eso se ha hecho, se ha visto un incremento de las violaciones a los derechos humanos y un recorte de las libertades ciudadanas”, señala la experta, que además indica que las eventuales mejoras en los índices de seguridad son temporales y no se pueden sostener a largo plazo.
Hay que mirar más allá de lo inmediato
"Yo nunca he sido totalmente renuente a que los militares participen en labores de seguridad interna cuando el tipo de amenaza requiere un concurso militar y las fuerzas policiales, como ocurre en Ecuador, se ven sobrepasadas”, dice a DW Daniel Pontón, académico ecuatoriano y experto en seguridad. "En Ecuador se necesita a las fuerzas armadas porque hay una serie de grupos que tienen armas de grueso calibre y controlan territorios donde se requiere una labor militar operativa”, apunta.
Sin embargo, coincide en que estos despliegues deben ir acompañados de políticas de largo plazo, porque los militares por sí solos no resuelven el problema de fondo. Además, explica, en este caso en particular es importante tener en cuenta el contexto político, porque estas declaraciones de Noboa no ocurren en el vacío. Lo que busca el mandatario ecuatoriano, dice Pontón, es marcar distancias con una oposición que, en el pasado, ha sido reacia a la cooperación internacional en esta materia.
"Solo quedarse con el efecto de la militarización puede ser una estrategia de corto plazo que busca dar golpes de efecto ante el clamor de la opinión pública”, señala. "Habría que ver qué fuerzas extranjeras van a querer venir a Ecuador a cumplir tareas que le competen al propio Estado ecuatoriano. Eso no se ha visto nunca en ninguna parte”, apunta. Pontón advierte que los temas de seguridad "están llenos de fetiches, y entre estos está creer que si ponemos fuerzas extranjeras se va a dar mejor seguridad, y eso es no es real”.
El problema de quitar las ayudas
¿Qué ayuda concreta podrían ofrecer Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea? Niño dice que, en el caso de Estados Unidos, ya ninguna, "porque canceló todos sus programas de asistencia humanitaria, que son programas que en el mediano plazo tienen mucho más potencial de lograr mejoras sostenibles en escenarios donde el crimen organizado tiene muchas chances de prosperar”. Para la experta, "la decisión de acabar con USAID puede incluso exacerbar algunas dinámicas de violencia y darles más poder a los grupos criminales”. Tanto EE. UU. como Brasil y la UE sí podrían apoyar en fortalecer labores de inteligencia, explica.
Sin embargo, más relevante sería, coinciden los expertos, hacer más efectivas las instituciones de seguridad y la justicia. Pontón, por ejemplo, da especial relevancia a poner término a la impunidad que campea y que hace que cometer crímenes de alto impacto salga gratis a los delincuentes. "En el mediano plazo, definitivamente se necesitan otras soluciones que pasan más por lo social: generación de empleo y oportunidades para que la gente no tenga tantos incentivos para entrar a los mercados criminales”, sostiene Niño.
Porque, si uno mira los resultados de la militarización en otros países, no son muchas las esperanzas que pueden generarse. "Los ejemplos abundan y no todos son buenos”, dice Pontón. Y agrega: "El caso de México sería la antítesis, porque con la lógica de la militarización no ha logrado revertir la situación complicada que tiene. Y en Colombia, si bien se pudo apaciguar el embate de la guerrilla, el despliegue militar ha sido muy malo para combatir el narcotráfico”.
(cp)
