Integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) y del gobierno comunitario del municipio de Chilón, Chiapas, manifestaron su rechazo total a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, una obra federal que, aseguran, afectará gravemente el medio ambiente y a las comunidades indígenas de la región.
Una obra federal que inicia en el municipio donde actualmente reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Palenque, y que pretende conectar con San Cristóbal de Las Casas.
Denuncias y acciones legales
En conferencia de prensa, denunciaron que los principales beneficiarios de la autopista serían los sectores comerciales y de transporte, mientras que 13 comunidades indígenas tzeltales, tzotsiles y mestizas serían las más afectadas, ya que dependen de la tierra para su sustento, especialmente en la producción y venta de café.
Ante esto, los pueblos indígenas anunciaron que el lunes interpusieron dos amparos contra el proyecto. Fernanda Santos, académica de la Universidad Ibero Puebla y abogada especialista en derechos humanos, explicó que el primer amparo impugna la inconstitucionalidad de los lineamientos, mientras que el segundo reclama la falta de una consulta libre, previa e informada para las comunidades afectadas.
Consulta bajo cuestionamientos
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que una consulta realizada el pasado 23 de marzo, en la que participaron 39,000 personas, avaló la construcción de la autopista.
Sin embargo, las comunidades indígenas denuncian irregularidades y falta de transparencia, argumentando que no se garantizó su participación libre e informada, en violación de sus derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución mexicana.
Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del MODEVITE, afirmó que la autopista ha sido, desde su concepción, un proyecto “discriminatorio, racista y excluyente” para quienes habitan y trabajan la tierra en la zona.
Temor ante presiones y amenazas
Las comunidades afectadas también denunciaron amenazas por parte de ingenieros y delegados gubernamentales encargados de los estudios de la obra, quienes han advertido que, si no permiten su trabajo, regresarán acompañados de la Policía Estatal. Esta situación ha generado preocupación y temor en la población.
Si bien los pueblos indígenas aseguran no estar en contra del desarrollo, recalcan que este no debe realizarse a costa de su territorio y su forma de vida, sino a través de un diálogo respetuoso y justo.
