Ante la controversia generada por el “tarifazo” en Nuevo León, una nueva voz se alza en contra de la estrategia de movilidad que implementó el Gobierno estatal que planteó el sistema denominado Pago por Kilómetro Recorrido para los transportistas y Adrián de la Garza señaló que este planteamiento inició fracasado.
El alcalde de Monterrey se sumó a diferentes opiniones que critican este plan.
“Inició fracasado”, respondió tajante De la Garza. “Es evidente que fracasó, no este mes ni el pasado”.
El munícipe destacó que el transporte público no ha dado buenos resultados.
“En San Pedro se pueden ver filas de hasta dos cuadras de personas que están esperando el camión. Le dedican dos horas a esperar y dos horas para regresar”.
De la Garza recordó que varios municipios han entrado al quite estableciendo sus propios métodos de transporte para subsanar las fallas de movilidad.
“Ya lo hizo Apodaca, en su momento Guadalupe. Y nosotros, a partir del próximo año vamos a implementar la Regio Ruta que operará en diferentes zonas de Monterrey”.
Este sistema, aclaró, será alimentador de otras rutas.
Denuncia PAN a Abraham Vargas por “tarifazo”
Porque dentro de las funciones de Abraham Vargas no está la autorización del incremento de las tarifas, la diputada de Acción Nacional, Ailé Tamez denunció a Abraham Vargas por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Tamez presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La legisladora del PAN, explicó que el día 5 de noviembre de 2024 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado un Acuerdo por el que se Crean las Rutas Exprés Integradas, signado por el Roberto Abraham Vargas Molina, en su carácter de encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.
“En dicha disposición se reclasifican las rutas urbanas tradicionales para denominarlas ahora Rutas Exprés Integradas, en los que se pretende instalar validadores electrónicos en alrededor de mil 800 unidades de transporte público, de 98 rutas urbanas que actualmente están en operación”, indicó la legisladora.
Resulta necesario, dijo, señalar que de acuerdo a dicho documento la política tarifaria ordinaria será de 15 por lo que esta reclasificación de rutas tradicionales para denominarlas ahora exprés resulta en un incremento disfrazado de la tarifa del transporte público, considerando que esta integración trae como consecuencia que la tarifa aumenta 25% por ciento, ya que pasará de 12 pesos que se cobra al usuario actualmente, a15 pesos al utilizar el usuario el pago por tarjeta.
La diputada de Acción Nacional afirmó que el funcionario debe de ser sancionado por tomar atribuciones que no le corresponden.
“Que lo sancionen y sobre todo también que le den marcha atrás al ´tarifazo´ porque no está bien que no se están apagando a la ley y todos debemos de trabajar conforme a la ley, que la Fiscalía proceda como debe de ser porque no podemos estar permitiendo estos actos de ilegalidad.
“Yo como presidenta de Movilidad, desde el Congreso tengo un asiento en la Junta de Gobierno, no hemos sesionado, no se ha llevado a cabo este Consejo Técnico donde se debe de estudiar analizar la tarifa eso fue decisión de ellos y de un día para el otro lo pasaron”, aseguró Tamez.
Tamez aseguró que se advierte que Abraham Vargas Molina, en su carácter de encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, con la emisión del acuerdo señalado, puede haber incurrido en el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
“En virtud de que con la suscripción del acuerdo a través del cual de forma disfrazada se incrementa la tarifa del transporte público de rutas ya existentes, está ejerciendo atribuciones que no le corresponden, toda vez que la ley es clara que dicha competencia es exclusiva de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad y no de su director general, aunado a que existe un procedimiento claro establecido en la legislación para realizar dicho incremento, lo cual a todas luces en esta ocasión no se realizó, y repercute directamente en perjuicio de los usuarios del transporte público en el Estado”.
