Con 18 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Consejo Consultivo de Movilidad y Accesibilidad aprobó remitir a la Junta de Gobierno la decisión para aumentar a 17 pesos la tarifa del transporte público, además de un deslizamiento mensual de 10 centavos hasta agosto de 2026.
Prácticamente el “tarifazo” al que se oponen organizaciones ciudadanas y diferentes colectivos ya es un hecho. La Junta de Gobierno emitirá su resolución el 30 de diciembre.
Abraham Vargas, encargado de Despacho del Instituto de Movilidad, confirmó el nuevo costo del boleto por pasajero.
Pero reiteró que será la Junta la que decidirá, aunque de acuerdo a la diputada Rocío Montalvo ya es un prácticamente un hecho el incremento.
La emecista señaló que el Instituto de Movilidad no ha hecho nada para hacer que se cumpla la frecuencia de paso de las unidades.
“El sentir de la Comisión de Tarifas me quedó claro que ellos ya tienen la intención (de aumentar), prácticamente la sesión del Consejo es solamente (de trámite) aunque llegáramos con los alcaldes, y todos los integrantes de este consejo votáramos en contra, la que termina decidiendo va a ser la Junta de Gobierno que está integrada por más de ocho funcionarios públicos”, expresó Montalvo previamente.
Cámaras rechazan aumento
“La ley marca que debe ser a principios de enero”, destacó. “Hay un problema de gobernanza”.
Y Fernando Canales Stelzer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Nuevo León, adelantó que votará contra el “tarifazo”.
“Nuestro voto va a ser negativo puntualmente”, aseguró Canales Stelzer.
Y están en contra del “tarifazo” porque no hay transparencia.
“Y porque no hay un plan claro en el corto plazo de mejora para los usuarios. Mientras no veamos ese compromiso puntual no podemos estar hablando de incremento de tarifas.
“Dicen: ´Si no hay incremento de tarifas no puedo mejorar el servicio… pero primero presenta el pan de mejorea del servicio en beneficio del pueblo´”, expresó Canales Stelzer.
La Junta de Gobierno se integra por las cámaras, funcionarios de la administración estatal, usuarios y transportistas.
