Uno de los principios generales del Derecho dice que “nadie está obligado a lo imposible”, lo cual aplica en estos momentos al INE. Si el titular del Ejecutivo federal desea hacer la consulta para satisfacer su ego, una vez más, debe procurar que el Instituto Nacional Electoral, cuente con los recursos necesarios.
La consulta va a costar 3 mil 300 millones de pesos y la Constitución y la ley en la materia, mandatan que se instalen las mismas casillas para la revocación de mandato que las instaladas durante el proceso electoral anterior, es decir, deben ser 161 mil casillas, capacitar a medio millón de funcionarios de casilla, imprimir toda la papelería electoral, llevar a cabo el monitoreo de medios de comunicación y realizar los conteos de votos recibidos. Sería muy peligroso no contar con los recursos suficientes y hacer una consulta “patito” como las que acostumbra Morena.
La revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana cuando se pierde la confianza en el Presidente y éste se vaya de manera anticipada, sin embargo, esta noble figura está siendo pervertida por el partido oficial, pues está siendo utilizada con fines electorales y de promoción del Presidente.
El Ejecutivo Federal tiene un mandato establecido de seis años y aunque ya estamos a más de la mitad del camino, son más los pendientes que los logros. Estos recursos que se van a tirar a la basura para cumplir el capricho del primer mandatario se deben utilizar para alguno de los pendientes más urgentes para los mexicanos como la insuficiencia de vacunas contra el Covid-19, la falta de medicamentos, el combate a la inseguridad, la economía familiar, entre otros.
Lo que necesita el INE no son amenazas de juicios políticos, ni amedrentamientos de funcionarios del gobierno, lo que necesita es que se le asignen recursos suficientes para cumplir con lo que la ley establece. Lo que el partido oficial debe dejar de hacer, es utilizar a las instituciones como agencias de publicidad del presidente.
