La justicia implica necesariamente confianza y credibilidad en las instituciones públicas responsables de administrarla e impartirla. Por ello, en la Ley han quedado claramente establecidos los procedimientos a seguir en todos los procesos, en especial los de carácter penal.
En un sentido amplio hay que tener presente la máxima de que la justicia debe ser ciega. De hecho, con frecuencia así es representada gráficamente. Por ello, ante situaciones en las que se pone en duda la participación de cualquier actor en un juicio o de las propias autoridades se requiere proceder de manera estricta conforme a lo que señala la Ley, para que haya verdadera justicia.
En ese sentido debemos recordar también que el concepto de justicia no es otra cosa que darle a cada uno lo que le corresponde. Las filtraciones mediáticas de llamadas telefónicas constituyen un ilícito que demanda una investigación profunda y seria. Como de igual forma es conveniente no emitir juicios por adelantado de la actuación de los jueces a cargo de un asunto que de por si es delicado.
Lo más importante es que más allá de las personas o de los intereses personales, se anteponga y se salvaguarde a las instituciones. Hoy contamos con un marco jurídico lo suficientemente robusto para garantizar que cualquier persona que vea vulnerados sus derechos pueda recurrir a las leyes con la certeza de que le serán respetados.
El lamentable asunto que involucra a particulares y servidores públicos exige que se investigue a fondo, con objetividad e imparcialidad para aclarar cualquier situación y que se asegure que las autoridades judiciales puedan ejercer su función con absoluta autonomía y apego a al Derecho, como sin duda sucederá en este caso.
