Ante las diversas suspensiones que han sufrido las construcciones de los distintos tramos del Tren Maya, el presidente ha decidido declarar la obra como de seguridad nacional para así evadir todas las decisiones judiciales por falta de cumplimiento en los requisitos para la construcción.
Tratándose de una de las obras faraónicas de este sexenio, entendemos que se trata de un proyecto de altísima prioridad en el sexenio, pero ¿Es correcto el mecanismo para asegurar los tiempos de construcción?
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, las acciones y políticas que tienen como propósito preservar la seguridad nacional, se rigen por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación, respeto a los derechos humanos, así como a sus garantías.
Principios que parecen ser ignorados por el ejecutivo federal al realizar esta polémica clasificación.
El proyecto del Tren Maya carece principalmente de estudios sobre el impacto ambiental y atenta contra el derecho a un medio ambiente sano que se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.
Esto ha sido reconocido por distintos jueces por lo que se ha ordenado en más de una ocasión la suspensión en la construcción para resolver esta controversia con los debidos permisos y autorizaciones.
Un decreto de esta naturaleza no deja sin efecto a la suspensión definitiva y a las provisionales de la construcción del Tren Maya, por lo que, de continuar las obras, el gobierno federal incurriría en un flagrante desacato y por lo tanto en un delito que debería perseguirse.
Este asunto podría incluso escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde podría ser resuelto con imparcialidad y certeza jurídica. Porque de prevalecer el decreto del presidente, se estaría estableciendo un peligroso precedente que podría ser ejecutado en las futuras administraciones.
La declaración del Tren Maya como obra de seguridad nacional es totalmente incorrecta de origen por no calificar como un elemento que brinde protección a la nación y no encontrarse dentro de los supuestos enunciados en la Ley de Seguridad Nacional.
Nuestro país está hambriento de desarrollo y crecimiento económico, pero esto se debe hacer siempre respetando la ley ambiental, los recursos naturales y los derechos humanos de la ciudadanía.
