En semanas pasadas, Arturo Zaldívar presentó su renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando “causas graves”; al respecto, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó esta y la envió al Senado de la República, ante lo cual, en la sesión del 15 de noviembre, se aprobó por mayoría de votos.
De acuerdo con la Constitución Federal, ante la falta de un ministro del Máximo Tribunal, el titular del ejecutivo federal tiene la facultad de proponer una terna ante la Cámara de Senadores que, en el presente caso, recae en las personas de María Estela Ríos, Lenia Batres Guadarrama y Bertha María Alcalde, para ocupar dicha vacante.
Mucho se ha opinado en relación con el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que impone la propia Constitución, de las personas propuestas; particularmente, el más cuestionado es que, si tienen relación con el partido político Morena, implica necesariamente conflicto de interés y que no tengan la independencia judicial que se requiere.
Sin embargo, es importante precisar, por una parte, que el máximo ordenamiento legal (artículo 95) no establece “expresamente” que esta circunstancia sea un impedimento y, por otra parte, que la presente designación es facultad del Senado de la República llevar a cabo.
En este sentido, somos las y los senadores quienes, primero, en comisiones, y luego en el Pleno, analizaremos los perfiles propuestos y, desde luego, si cumplen cabalmente los requisitos que se requieren.
No perdamos de vista que la propuesta que nos ocupa incluye a tres mujeres, lo que es relevante, dado que implica que las mujeres en este país seguiremos ocupando cargos de la mayor trascendencia y, sobre todo, estamos siendo partícipes en la toma de decisiones muy importantes.
