La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concebida como un organismo autónomo para salvaguardar los derechos de los ciudadanos ante los abusos del poder, enfrenta una crisis institucional sin precedentes que expone su completa incapacidad para cumplir con su mandato. La reelección de Rosario Piedra Ibarra, además de ser una flagrante ilegalidad, pone en evidencia la total sumisión de la CNDH al oficialismo.
Desde su llegada al cargo en 2019, Piedra ha estado marcada por la falta de legitimidad y transparencia. La opacidad en su designación, con evidentes irregularidades como la discrepancia entre los votos emitidos y los contados en el Senado, junto con su evidente alineación al partido en el poder, hicieron patente que su gestión sería un reflejo de politización y sumisión al poder.
Su perfil, carente de imparcialidad y de experiencia, no solo comprometió la credibilidad de la CNDH, sino que selló el destino de la institución: una organización completamente dependiente de la voluntad del Ejecutivo.
La reelección de Piedra, lejos de ser un hecho aislado, es la culminación del desmantelamiento estructural de la CNDH, organismo al que le fueron asignados más de mil 722 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2024.
La renuncia masiva de miembros del Consejo Consultivo, quienes denunciaron obstrucción a sus labores y la falta de independencia en su actuación, dejó a la Comisión sin los mecanismos esenciales para garantizar la rendición de cuentas.
Además, durante su gestión, se priorizaron casos de administraciones pasadas, mientras que los abusos perpetrados durante el gobierno de López Obrador fueron minimizados o ignorados.
Casos como las ejecuciones extrajudiciales en Chihuahua o el espionaje con el software Pegasus, lejos de ser investigados a fondo, fueron tratados con la misma desidia con la que se gestionan los intereses del poder.
La propuesta de transformar la CNDH en una “Defensoría Nacional del Pueblo” no es más que un intento descarado de someterla aún más al control directo del Ejecutivo, arriesgando de manera irreversible su independencia. En este contexto, la confianza pública en la CNDH continúa desplomándose, evidenciada en el creciente número de quejas no resueltas y recomendaciones que llegan con meses de retraso o son completamente ineficaces.
El control político absoluto sobre la CNDH no solo destruye su legitimidad, sino que pone en grave riesgo la protección de los derechos humanos en México. Esta alarmante erosión institucional debe ser denunciada con firmeza, ya que una Comisión al servicio del poder es incapaz de cumplir con su función básica de proteger a los ciudadanos ante los abusos de la autoridad.
Desgraciadamente el país estará completamente a merced de un sistema que ya no garantiza ni la justicia ni la protección de los derechos fundamentales. Al tiempo…
DETALLES. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 contempla recortes a sectores clave, como por ejemplo al de salud, con una reducción del 34%, lo que afectará gravemente la calidad de los servicios médicos esenciales y pondrá en riesgo el bienestar de millones de mexicanos.
Este recorte se da en un momento crítico, marcado por el aumento de casos de enfermedades graves y por una transición al sistema IMSS-Bienestar que aún está en proceso, lo que evidencia una prioridad hacia otros temas por encima de la salud.
