El anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la imposición de un arancel del 27% a las importaciones mexicanas el 3 de febrero de 2025 refleja no solo una estrategia económica para reducir el déficit comercial de su país, sino también una respuesta enmarcada en un contexto de alta tensión diplomática con México. Noboa justificó la medida como un mecanismo de protección para la industria ecuatoriana y como un paso necesario para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México en términos más favorables para su país. Sin embargo, la decisión se produce tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones en 2024, lo que sugiere que los factores políticos también han influido en la implementación de este arancel.
El comercio entre Ecuador y México ha estado marcado por un desequilibrio significativo en los últimos años. En 2022, las exportaciones mexicanas a Ecuador alcanzaron un valor de 668 millones de dólares, mientras que las exportaciones ecuatorianas a México fueron de solo 196 millones de dólares. Este saldo comercial favorable a México ha sido uno de los argumentos del gobierno ecuatoriano para imponer el arancel, con el fin de fomentar el consumo de productos nacionales y reducir la dependencia de importaciones mexicanas. No obstante, la medida impactará principalmente a sectores clave como el farmacéutico, donde México es un proveedor fundamental para Ecuador. Medicamentos envasados, automóviles y tractores son algunos de los productos que podrían encarecerse en el mercado ecuatoriano, afectando tanto a empresas importadoras como a los consumidores finales.
El trasfondo político de esta decisión es imposible de ignorar. La ruptura de relaciones diplomáticas en 2024 se debió a un incidente en la embajada de México en Quito, lo que llevó a un distanciamiento entre ambos gobiernos. Aunque Ecuador ha manifestado su interés en negociar un TLC con México, la imposición de este arancel podría interpretarse como un mecanismo de presión o incluso como una represalia económica ante la falta de avances en la normalización de las relaciones bilaterales. Analistas advierten que esta acción podría dificultar aún más el diálogo entre ambas naciones y generar un efecto negativo en la cooperación comercial y diplomática en el corto y mediano plazo.
La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones comerciales entre México y Ecuador sigue en aumento. Mientras que Ecuador busca fortalecer su industria y reducir su dependencia de productos mexicanos, la imposición del arancel podría generar un efecto contraproducente si México decide aplicar medidas similares en respuesta. En un escenario donde ambos países necesitan recuperar la estabilidad en sus vínculos económicos y políticos, esta decisión de Noboa representa un nuevo obstáculo que complica aún más la posibilidad de una pronta reconciliación y el establecimiento de un acuerdo comercial que beneficie a ambas partes.
El conflicto está latente y Ecuador lo sabe. Las relaciones con México tras la irrupción de fuerzas ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba allí con “asilo político”, pero con acusaciones graves. Glas, acusado y condenado por corrupción, pertenecía al movimiento político Revolución Ciudadana (RC), lo que desató un fuerte rechazo en México, generando una disputa legal en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Antes de esta crisis, Ecuador estaba en proceso de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y su ingreso a la Alianza del Pacífico, un bloque económico conformado por México, Colombia, Chile, Perú y Singapur. Sin embargo, la ruptura diplomática dejó en suspenso estas aspiraciones, dejando a Ecuador sin la posibilidad de integrarse a la Alianza ni de cerrar el acuerdo comercial con México. Este estancamiento en las relaciones bilaterales ha tenido un impacto profundo en la economía ecuatoriana, ya que México representa un socio comercial clave.
Productos esenciales como medicamentos envasados, automóviles y maquinaria agrícola podrían encarecerse en Ecuador, afectando tanto a empresas importadoras como a consumidores. Por otro lado, los exportadores ecuatorianos, que ya enfrentaban dificultades para colocar sus productos en el mercado mexicano, podrían ver aún más limitada su capacidad de competir. La crisis diplomática también tuvo repercusiones internas en Ecuador. A diferencia de su predecesor, Noboa había logrado construir una mayoría legislativa flexible con su partido ADN, apoyado por Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC). Esta coalición permitió la aprobación de varias reformas económicas y energéticas impulsadas por el presidente.
Sin embargo, la alianza se fracturó en abril de 2024, repito, por ese suceso en la embajada mexicana en Quito para capturar a Glas, quien era miembro del RC. Esto debilitó la gobernabilidad de Noboa y lo dejó en una posición más vulnerable ante las tensiones políticas internas. En este escenario, la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre México y Ecuador sigue en aumento. Mientras Ecuador busca avanzar en su política comercial y defender su soberanía, México podría responder con medidas similares o endurecer su postura en los organismos internacionales donde ambos países mantienen disputas legales. A corto plazo, el arancel impuesto por Ecuador complica aún más las negociaciones para un posible TLC y refuerza la distancia entre ambos gobiernos, haciendo que la reconciliación diplomática y comercial parezca cada vez más lejana. Y aquí México tiene todas las de ganar, pero hasta qué punto le conviene a nuestro país agudizar un conflicto donde tenemos asuntos más importantes que atender. ¿Quién será el artífice del segundo piso de la 4T que arregle este diferendo diplomático?
Voz en Off
Deleznable que a la clienta que se enfrentó con la marca automotriz MG México se le haya obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad y más que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que encabeza Iván Escalante, lo haya permitido, porque podría quedar como un antecedente de la solución a muchos clientes que han adquirido vehículos de otras marcas asiáticas hacer valer sus derechos. La Profeco continúa siendo esa oficina que sí debiera desaparecer, por ser un ente obsoleto y de enorme gasto para las arcas del país y, por supuesto, de los ciudadanos.
