Padres de familia en Puebla piden no criminalizar las terapias de conversión sexual, pues consideran que “una plática con los hijos apegadas a criterios éticos o morales” no se puede presumir como que están obstaculizando su orientación sexual o identidad de género y pueda equipararse a una conducta delictiva.
Lo anterior, tras la iniciativa que presentó el diputado de Morena, Carlos Evangelista Aniceto, para que se apliquen sanciones de hasta tres años de cárcel, y de 50 a 200 días de salario, a quien promueva, imparta, aplique, obligue o financie ese tipo de tratamientos con el fin de modificar la libre orientación sexual o expresión de género.
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En conferencia de prensa, la Asociación de Padres de Familia de Puebla por la Vida y la Familia, señalaron estar en contra de la propuesta relacionada con las terapias de conversión porque es una “intromisión” que afecta las libertades de padres, familiares, médicos, psicólogos y psiquiatras.
Guillermo Ortega Reyes, secretario general de la asociación, y Nancy Gutiérrez del Rey, presidenta, manifestaron que esto deja libre la intromisión de cualquier persona, y quita el derecho a los padres de orientar a sus hijos sobre su libre inclinación sexual.
Además condenaron los señalamientos de los llamados Ecosig (Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género), que presumen testimonios de casos de tortura, violencia física y sexual, por lo que dijeron que deben ser denunciados formalmente.
Por lo tanto, exigieron a los legisladores reconsiderar la propuesta “que no refleja el resultado de una retroalimentación” con las organizaciones civiles, antes de pasar al pleno, además de que genera incertidumbre a los padres.
¿Cómo identificar una terapia de conversión?
Se entiende por terapias de conversión, aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana.
Si el pleno del Congreso avala la reforma, Puebla será la sexta entidad del país que atiende esa demanda de las comunidades lésbico, gay, bisexual y trans, después de Ciudad de México, estado de México, Baja California, Tlaxcala y Jalisco.
