Existen más de mil 221 solicitudes para el retiro de rejas en la capital desde la administración pasada, de las cuales, solo cuatro han sido removidas, dio a conocer el titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla, Felipe Velázquez Gutiérrez.
En entrevista con medios, el funcionario explicó todas las solicitudes son procedentes para retiro, pero en la administración pasada no se hizo algún retiro, pues no solo son rejas, sino construcciones, casetas y diversos elementos que se instalan en vía pública.
Apuntó que el problema de las rejas ha crecido en la capital, pues en algunos casos como en las jaulas son utilizadas inicialmente como resguardo de vehículos, pero terminaron siendo negocios o bodegas.
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Explicó que durante el proceso de desalojo deben ser cuidadosos ya que, al existir bienes y propiedades de los dueños, pueden violar sus derechos y acusarlos de extravío o pérdida de objetos.
Velázquez Gutiérrez indicó que no hay una zona del municipio donde exista más esta práctica, pues las rejas y colocación de elementos para cerrar o adueñarse de la calle existe en unidades habitacionales, colonias y hasta zonas residenciales.
En años pasados, ciudadanos se han manifestado para evitar el retiro de estas rejas o plumas que colocan con el argumento de implementar una medida para evitar los actos delictivos en la zona.
Esta misma práctica se ha detectado en varias colonias de la capital como San Manuel, La Hacienda, Chulavista, Anzures, Lomas del Sol, El Mirador y La Calera.
¿Por qué es ilegal la colocación de rejas?
El Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun) establece que invadir el espacio público con construcciones o instalaciones sin licencia expedida por la autoridad competente, puede traer una multa equivalente a 230 veces el valor diario de la UMA. Unidad de Medida de Actualización (UMA) que, para este 2023, asciende a 103.74 pesos, es decir de hasta 23 mil 860 pesos.
En cuanto a los espacios públicos refiere que “son las áreas, espacios abiertos o previos de los asentamientos urbanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito”.
Y es que incluso no hay estudios que comprueben que las estructuras no inhiben la comisión de un delito, lo que si se advierte es que impiden el libre tránsito y el acceso de los servicios de emergencias.
