La presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, emanada del partido Morena, se encuentra en el ojo público, luego de que dos reporteras fueron presuntamente agredidas física y sexualmente por elementos de Seguridad Pública de esa región.
Tras los hechos ocurridos el pasado 10 de marzo, el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina señaló que si hay responsables de los hechos se tiene que actuar contra ellos hasta las últimas consecuencias.
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Además, pidió no mezclar los temas, esto después de que la alcaldesa denunció haber sido víctima de violencia de género, por parte del exsecretario de educación, Melitón Lozano Pérez, a quien acusó de querer desestabilizar su administración.
Y es que Olea Torres se deslindó de los hechos, al decir que solo se enteró de forma mediática e incluso señaló de una presunta “conspiración política”, amenazas y violencia al extitular de la SEP.
Informó que los policías municipales acusados por las agresiones dos comunicadores y tres activistas siguen en funciones, pese a que están siendo investigados, y dijo que será así será hasta que se les demuestre que fueron responsables de los hechos.
¿De qué se acusa a los policías?
Natalie Hoyos López, quien estudia la carrera de Comunicación Digital en la Ibero Puebla, señaló que junto con su hermana Michelle, como reporteras cubrieron una marcha el viernes 10 de marzo.
En un inicio fueron detenidas por cinco policías; pero, se sumaron otros elementos hasta llegar a 18 policías los que presuntamente participaron en su aprehensión y a quienes se les acusa de violencia física, violación y abuso de autoridad al retenerlas más de seis horas.
Las dos reporteras acusaron a la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros como la responsable de los agresiones y abusos que sufrieron por parte de los elementos policíacos, ya que estos mencionaron que siguieron “órdenes de su jefa”.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) emitió medidas cautelares a la alcaldesa de Izúcar de Matamoros por estos hechos, e inició el expediente de queja 1991/2023 por la presunta violación a sus garantías individuales de las dos mujeres.
