En Puebla, los delitos que menos recibieron sentencia durante el 2022 fueron los robos, homicidios, violencia familiar y narcomenudeo, esto de acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado.
El reporte “Carpetas de investigación iniciadas vs. concluidas 2022″, realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) evidenció que el delito que menos se castigó durante el año pasado fue el robo con violencia.
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Por ejemplo, de enero a diciembre del 2022 hubo 13 mil 810 casos denunciados por robos cometidos con violencia, de los cuales ninguno terminó en sentencia; también se registraron cuatro mil 577 robos a negocio y tampoco hubo una resolución judicial.
Mientras que, en el robo a transeúnte, cuatro mil 137 víctimas denunciaron, pero hubo cero sentencias , aunque hubo 154 casos donde se ejecutó una acción penal para que se pudiera aplicar al delincuente las sanciones correspondientes; pero, también en 65 se llegó a un acuerdo entre los implicados.
Del robo a casa habitación también se iniciaron dos mil 537 denuncias pero no hubo sentencia; mientras que en el robo a transportista se registraron mil 798 casos, sin sentencia.
En el caso de la violencia familiar se iniciaron ocho mil 192 denuncias, solo 13 alcanzaron una sentencia, es decir, el .16%; mientras que en el narcomenudeo, de las dos mil 435 carpetas de investigación, solo 5 concluyeron en sentencia condenatoria, es decir el .21%.
El mayor registro de sentencias por parte del Poder Judicial se identificaron en secuestro, robo de vehículo y violación, mientras que el mayor registro de la Fiscalía en la determinación de la ejecución de la acción penal fue en narcomenudeo, violencia familiar y robo a negocio.
El Observatorio Ciudadano señaló que los registros que hacen públicos la Fiscalía y el Poder Judicial del estado de Puebla, no son específicos en relación a la temporalidad, por lo que, es necesario y urgente se empiece a desarrollar una comparativa distributiva desde que las carpetas de investigación son iniciadas hasta el desglose parcial y final de su conclusión.
Además, refiere que las debilidades de logística observadas en algunas fiscalías aún persisten y justifican que el ciudadano tenga desinterés por denunciar.
