La fiscalía general del Estado se mantiene en primer lugar en quejas, por presunta violación a derechos humanos, ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, así lo detalla el informe anual de actividades de 2023.
Durante ese año se registraron 333 nuevas quejas, de las que 97 son de este organismo autónomo, es decir el 29.12%; el 14.4%, 48 quejas, corresponden al municipio de Querétaro; y el 12.6%, es decir 42 quejas, son de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro (CESPQ).
Estas tres autoridades concentran 187 quejas, el equivalente al 56.1% del total, ya que el resto se distribuye en otras autoridades como la Secretaría de Seguridad Ciudadana que registró 32 quejas, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro registró 24, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro y Servicios de Salud del Estado de Querétaro 18, 16 el municipio de El Marqués, 14 el municipio de San Juan del Río, 13 el municipio de Corregidora, 10 Arroyo Seco, y 10 la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), por mencionar algunas.
Los derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica; Integridad y Seguridad Personal; Igualdad y Trato Digno; Libertad; Salud; Interés Superior de la Niñez; y Educación fueron los principales derechos presuntamente vulnerados más señalados en las quejas.
Según informes de años previos, estas tres autoridades son las de mayor número de quejas, puesto que en 2022 la Fiscalía sumó 125 quejas, en 2021 sumó 130 y en 2020 142; mientras que el municipio de Querétaro registró 46 en 2022, 62 en 2021 y 91 en el año 2020; finalmente la CESPQ registró 87 en 2022, 68 en 2021 y 83 en 2020.
Durante la entrega de este informe a las y los legisladores locales, Javier Rascado informó que recibió la administración con rezago de 600 expedientes de las dos últimas administraciones, por lo que asumió el compromiso de atender estos temas y que al cierre de su gestión no existan asuntos rezagados.
Por ello, como parte de las actividades realizadas, resaltó el haber logrado 417 acuerdos de resolución, 2 mil 749 orientaciones jurídicas, 132 acompañamientos, 14 medidas cautelares, 159 supervisiones, mil 889 atenciones a víctimas y 6 recomendaciones ante violaciones graves a derechos humanos.
Para su labor operativa, se contó con un presupuesto anual de 45 millones 326 mil 510 pesos, lo que permitió la creación del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de Querétaro, y en los próximos meses se abrirá la convocatoria para la maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas.
Como parte de su mensaje se dijo convencido de que no necesariamente se requieren sanciones para el cumplimiento de las obligaciones del estado, por lo que llamó a todas las autoridades estatales y municipales a que “mantengan una postura de diálogo, autocrítica y ánimo constructivo, para escuchar y entender las aspiraciones de las personas que se acercan a la Defensoría y mostrar apertura a sus anhelos, ya que es obligación de todas las autoridades actuar con la protección más amplia y favorable para las personas”, finalizó.
