Desde octubre de 2023 el Congreso local mantiene en pausa los trabajos para la Ley de Personas desaparecidas del estado, y pese a los llamados realizados al diputado Guillermo Vega Guerrero, las familias buscadoras acusan falta de respuesta, por lo que amagaron con recurrir a Morena para avanzar con estos proyectos.
Yadira González, representante del colectivo Desaparecidos Querétaro, detalló que a pesar del compromiso realizado por el presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LX Legislatura local, no ha habido comunicación ni respuesta sobre el proyecto que se presentó por las familias.
“Es mentira lo que dijo que ya se está avanzando, y si va a sacar una ley sin el visto bueno de las familias, aunque nosotros le hayamos entregado un proyecto es una ley que no va a funcionar correctamente y que no será avalada por el colectivo (...) Nosotros tenemos derecho a ser vigilantes de estos procesos (...) Si no es de la mano de las familias, lo que vamos a hacer es impugnar la ley”.
En Querétaro, de acuerdo con la actualización del Registro Nacional Público de Personas desaparecidas o no localizadas, desde el 01 de enero al 15 de julio se han registrado 137 personas desaparecidas, de los cuales 88 corresponden al municipio de Querétaro, 10 del municipio de Corregidora, 9 de El Marqués, y 11 en San Juan del Río, siendo los municipios de mayor número de reportes.
Por ello, la activista lamentó la falta de respuesta, ya que se está a poco más de 2 meses de que cierren actividades los diputados locales, por lo que de avanzar de manera exprés esta iniciativa y sin consultar a las familias se impugnará dicha ley.
Sin embargo, de continuar con la inactividad y falta de respuesta, adelantó que comenzarán los acercamientos con los próximos diputados de la LXI Legislatura local, que en su mayoría son de Morena, para poder actualizar el marco normativo local y conformar la ley de Víctimas de Desaparición, así como la Ley de Declaración de Ausencia, aunado a las reformas necesarias en materia de desaparición de personas.
Remarcó que con estos cambios no solo se garantiza presupuesto para atender esta problemática, sino también el reconocimiento de derechos a las víctimas, protocolos de atención, eliminar la figura jurídica de “no localizado”, y mayor claridad en las obligaciones que tienen las autoridades locales y responsabilidad en caso de omisión.
