El día de ayer inició formalmente el nuevo Congreso de la Unión, en su composición bicamaral (Diputados y Senadores), cuya función principal es la de legislar para crear normas jurídicas.
Este Congreso cobra significativa importancia, dado que ha quedado conformado con una representación desproporcionada, que si bien puede ser legal también es inmoral, que distorsionará el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas, en la que las minorías probablemente serán ignoradas.
La sobre representación con la que contará el partido que encabezó la coalición electoral triunfante en el pasado proceso electoral, no se veía en nuestro país desde las épocas del viejo régimen autoritario que existió en México después de la revolución mexicana, y cuyo declive comenzó en 1997 cuando por primera vez perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados.
Esta condición de mayoría absoluta coloca al grupo gobernante ante la tentación que querer impulsar un nuevo proyecto autoritario, en donde la democracia como la conocimos en este primer cuarto del siglo XXI estaría viviendo sus ultimas horas y junto con ella, el pluralismo político, buscando consolidar un nuevo régimen autocrático.
Por ello, es preciso recordar el hecho que desafortunadamente México sigue siendo un país de contrastes, cuyos principales problemas son la pobreza y la desigualdad, que se traducen en que el 53% de los mexicanos vive en pobreza y 17% en pobreza extrema; el 90% de los mexicanos tiene el 43% de los ingresos, frente al 10% restante que capta el 57% de los mismos.
Ante esta realidad, más que buscar implantar un nuevo régimen, lo que debería ser nuestro foco de atención y esfuerzos, es establecer las acciones que nos permitan lograr un México próspero y sin desigualdades, con educación y salud de calidad para todos, que incluya a mujeres y hombres de todas las edades y condiciones. Un país con seguridad pública, con transparencia y rendición de cuentas, que combate a la corrupción y la impunidad. Con un gobierno que piensa e impulsa políticas públicas para reducir la desigualdad a la vez que es garante del Estado de derecho, como condición indispensable para favorecer la inversión privada y el desarrollo económico.
En este esfuerzo al sector productivo nos corresponde impulsar un cambio de paradigma al interior de las empresas, que transforme al mundo del trabajo, en el que el desarrollo humano y el desarrollo económico van a la par, con una mejor distribución de la riqueza que dé respuesta a todos y cada uno de los mexicanos.
Si hacemos todo lo anterior, juntos lograremos en libertad un México socialmente responsable.
Estimado lector, usted tiene la mejor opinión. Espero sus comentarios en mi cuenta de X @EUribarren
