El ayuntamiento de Querétaro aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2025 por un monto de 7 mil 519 millones de pesos, que representan un incremento del 1.6% en comparación con los 7 mil 400 millones ejercidos durante el presente año.
Con 12 votos a favor y 4 en contra, el cabildo aprobó la proyección de ingresos para el año entrante, lo que causó controversia entre regidores del PAN, Morena, PT y Movimiento ciudadano sobre la obtención de los recursos y su impacto a la ciudadanía.
Por una parte, la morenista Erika Garfias señaló que los aumentos en el predial y el traslado de dominio, establecidos en las Tablas de Valores de Suelo y Construcciones recién aprobadas en el Congreso Local, afectarán principalmente a los propietarios de inmuebles de menor valor, es decir, la clase media. Además, reprochó el aumento en el cobro de licencias municipales.
La morenista Rosa Corral reprochó el uso de la tarifa progresiva para calcular los impuestos de predial y traslado de dominio, y cuestionó los ingresos proyectados por cobros a Airbnb en el estado, algo que el también morenista Jorge Cevallos rechazó al considerar este tipo de inmuebles como competencia desleal para los hoteleros.
Otro de los temas que causó debate fue el de los ingresos proyectados a través del Centro de Innovación y Tecnología Creativa “Bloque”. Por un lado, la emecista Paulina Aguado mostró su preocupación de que, al ser rentado, el edificio “pierda su vocación” de atender a jóvenes en temas tecnológicos de manera gratuita; sobre ello, la panista María del Carmen Presa defendió el proyecto de Bloque y aclaró que, independientemente del cobro de eventos, el recinto mantendrá espacios gratuitos.
En cuanto al mismo asunto, el morenista Fernando Flores también cuestionó la utilidad de “Bloque”, y mostró su inquietud por el hecho de que otros proyectos municipales, como el convertir el Parque Bicentenario en un espacio deportivo, no pueda ser aprovechado de forma gratuita.
A su vez, Jorge Cevallos reprochó el costo de la obra —aproximadamente 834 millones de pesos— y pidió un informe detallado sobre el costo de construcción, así como una auditoría externa.
La aprobación del aumento en la tarifa de recolección de basura también generó reacciones encontradas en el cabildo. Fernando Flores reprochó que el pago por tonelada que se le da a la empresa concesionaria subió de 167 pesos a mil 200 en 8 años, debido a que la actualización anual de la tarifa se realiza con base al aumento del salario mínimo y no a la Unidad de Medida y Actualización.
Del mismo modo, Jorge Cevallos pidió la realización de una consulta popular para decidir la permanencia de la concesión de la empresa recolectora; Paulina Aguado llamó a no repetir concesiones plurianuales; y el panista Manuel Pozo coincidió en que se debe revisar el servicio.
