Guanajuato

Diputados de Morena buscan destituir a funcionarios del gobierno capitalino

Señalan crisis de seguridad y acusan corrupción en el gobierno municipal. Piden remover al secretario de Seguridad y al director Jurídico

En sesión de la Diputación Permanente, Ernesto Millán Soberanes, del grupo parlamentario de Morenael diputado, presentó un punto de acuerdo para solicitar la remoción de dos funcionarios del gobierno municipal de Guanajuato: el secretario de Seguridad Pública y el director general de Servicios Jurídicos.

La propuesta fue expuesta en el apartado de asuntos generales de la última sesión, señalando que la actual administración, Samantha Smith, enfrenta una crisis de seguridad y desencuentros con la ciudadanía.encabezada por

Crisis de seguridad en la capital

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Uno de los argumentos principales para la destitución del secretario de Seguridad es que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada el 23 de enero de 2025, un 66% de la población mayor de 18 años se siente insegura en el municipio, cifra correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2024.

De acuerdo con Millán Soberanes, el secretario de Seguridad minimiza los datos sobre violencia y no ha logrado implementar una estrategia efectiva.

“Guanajuato debe cambiar su estrategia de seguridad y cambiar de secretario. Ambas han sido heredadas de gobiernos anteriores y estos números demuestran que no han funcionado ni funcionarán”, declaró el legislador.

Acusan corrupción en el área jurídica


El diputado también solicitó la destitución del titular de la Dirección Jurídica, argumentando que el funcionario fue sentenciado en primera instancia por el delito de cohecho, y la sentencia fue confirmada en la sala penal.

Se cuestionó que la alcaldesa hable de combate a la corrupción, mientras mantiene en su equipo a un funcionario con antecedentes judiciales.

¿Qué sigue en el proceso?

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales, donde será analizado para su estudio y dictamen.

El diputado insistió en que el ayuntamiento debe priorizar el bienestar de la población y no mantener funcionarios por favores políticos.

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