A pesar de que 22 estados en México han despenalizado el aborto, Guanajuato se mantiene entre las 10 entidades que aún penalizan la interrupción del embarazo, resistiéndose a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Un estado en rezago legal
La diputada local Sandra Pedroza, de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación por el rezago de Guanajuato en materia de derechos reproductivos, señalando que existe una contradicción entre el discurso oficial del estado y las acciones reales respecto a los derechos de las mujeres.
En septiembre de 2023, la SCJN declaró inconstitucional la criminalización del aborto a nivel federal, eliminando sanciones penales para quienes interrumpen su embarazo y ordenando al sistema de salud público garantizar este servicio. Sin embargo, la implementación de esta resolución depende de cada estado, y Guanajuato ha mostrado resistencia.
El ISSSTE garantizará el acceso al aborto
En un movimiento alineado con las resoluciones federales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que garantizará la interrupción legal del embarazo para las trabajadoras del sector público en sus instalaciones. Esto se basa en normativas federales y tratados internacionales que enfatizan el derecho a la salud y la igualdad de género.
Colectivos intensifican protestas
A medida que se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones y colectivos en Guanajuato han intensificado sus esfuerzos para exigir la despenalización del aborto en el estado.
Activistas buscan que la legislación local se alinee con las resoluciones federales y se garantice el acceso a servicios de salud reproductiva para las mujeres guanajuatenses.