La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó su informe de actividades de 2021 donde destacaron la emisión de 283 recomendaciones a distintas autoridades de Jalisco tras identificar violaciones a los derechos humanos.
El titular del organismo, Alfonso Hernández Barrón, señaló que con dichas recomendaciones lograron se emitieran pagos por cinco millones 993 mil 687 pesos, y que se sancionara a 187 personas servidoras públicas.
En el rubro de defensa y protección de los derechos humanos fueron atendidas 24 mil 211 personas y se iniciaron ocho mil 012 quejas, de las cuales cuatro mil 561 fueron colectivas.
Las violaciones más señaladas fueron al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, prestación indebida del servicio público, violación al derecho a la protección a la salud, violación a los derechos ambientales, y negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua.
Las autoridades municipales con mayor número de quejas, en las que se incluyen las colectivas, son: Tonalá
- San Pedro Tlaquepaque
- Guadalajara
- Zapopan
- Autlán de Navarro.
En tanto que las autoridades estatales con mayores señalamientos fueron:
- SIAPA
- Fiscalía del Estado
- Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
- Secretaría de Educación Jalisco
- La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado.
Del total de las recomendaciones, 125 fueron dirigidas a cada uno de los municipios del estado en relación a la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Asimismo, 125 recomendaciones fueron emitidas a cada municipio en relación a los derechos de las personas con discapacidad.
A esto además se suma que el número de recomendaciones emitidas es mayor a las presentadas cuando recién había llegado Hernández Barrón al cargo de ombudsman. Según detalla el informe anual de 2017, entonces se presentaron apenas 40 recomendaciones.
Entre las autoridades a las que se dirigieron más recomendaciones fueron la Fiscalía del Estado, con 13; el Ayuntamiento de Tlajomulco, con siete y la Secretaría de Seguridad Pública, los Ayuntamientos de Puerto Vallarta y Tlaquepaque, con cinco recomendaciones cada una.