El proyecto de Constitución para la Ciudad de México plantea cambios y cobros más estrictos en el impuesto predial, cuya finalidad es que los edificios, empresas y propietarios de inmuebles paguen este gravamen por cada piso construido y no sólo por la superficie o terreno que ocupan.
Lo anterior, señalan los redactores del documento, busca incrementar los ingresos de la capital, acabar con la tributación mínima que hacen inmuebles altos, corporativos y empresas muy importantes por tal concepto y revertir las pérdidas que ello ocasiona a la metrópoli.
Se trata, apuntaron, de crear un nuevo sistema tributario que haga posible nuevas fuentes de recaudación en la ciudad, como sucede en Londres, Nueva York, Chicago, Sao Paulo y Bogotá, entre otras urbes.
Ricardo Becerra Laguna, subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad de la Ciudad de México, informó que con esta propuesta se acaba con la idea de que la capital del país es «chaparra y alargada», con un impuesto predial lineal que sólo se aplica a la superficie del terreno.
Indicó que con tal lineamiento, la ciudad de México iniciará la creación de un nuevo sistema fiscal redistributivo, que a través dicho gravamen ayudaría a incrementar la plusvalía –o aumento gradual del valor de cada propiedad– en función a los servicios, su infraestructura y ubicación.
Propuestas centrales
Al participar en el Conversatorio sobre el Capítulo Económico de la Constitución de la Ciudad de México, organizado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), perteneciente a la ONU, el funcionario apuntó que la Constitución capitalina hace seis aportaciones de avanzada en dicha materia:
1. Un mayor ingreso monetario de los ciudadanos, a través de un nuevo salario mínimo que se rija por el bienestar de los ciudadanos, la igualdad, los derechos económicos y el combate a la pobreza.
2. Que la Ciudad de México habilite su propia banca de desarrollo, cuyo objetivo será impulsar nuevos proyectos económicos, negocios y polos de desarrollo, con la consecuente creación de empleos. Se trata de un sistema bancario local que tendría acceso a dos mil o tres mil millones de pesos al inicio.
3. Un plan de de infraestructura para 20 años. El cual dotaría a la capital de la obra pública, transporte, servicios, escuelas y hospitales de mayor nivel, así como un diseño urbano moderno, el cual se anticipe y presente soluciones a los problemas que enfrenta la ciudad en dichas materias.
4. Un padrón único de beneficiarios económicos, apoyados por el Gobierno local, que permita asistir a los grupos más vulnerables sin caer en el clientelismo político; además de impulsar el desarrollo económico, combatir la desigualdad y revertir la pobreza.
5. La creación y determinación de una política económica propia, mediante lo cual se diseñen las medidas y programas públicos del Gobierno de la capital para impulsar el crecimiento, el cobro de impuestos y la redistribución de los ingresos tributarios.
6. Un nuevo pacto fiscal con la federación, que asegure partidas como el fondo de capitalidad y las aportaciones federales necesarias para el rubro de infraestructura, servicios y desarrollo social, que –según las autoridades de la urbe– fueron castigados con los recortes al gasto público previstos para 2017.
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