Autoridades de la Secretaría de Salud, Seguridad Ciudadana, C5 y Protección Civil de la Ciudad de México desconocen qué ha pasado con las investigaciones para frenar la operación de ambulancias patito que se encuentran en la capital, a pesar de que el año pasado se contabilizaron alrededor de 80 en circulación.
En julio del año pasado, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa Venegas, indicó que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) había detectado dicho número; sin embargo, esta dependencia, al igual que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguraron desconocer actualmente la información, pues “no les corresponde”.
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Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), aseguró que hay un vacío sobre qué dependencia es la encargada de investigar y evitar la operación de estas unidades ilegales, y resaltó que cualquier institución debería de preocuparse por el tema, pues puede derivar hasta en secuestros.
“Hay un tema de vacío legal en donde no acaba de quedar claro qué le toca a cada dependencia. Además, no están establecidas las capacidades para enfrentar este tipo de situaciones así como los recursos que se le otorguen, pues de otra forma se estaría simulando un trabajo porque no habría manera de llevarlo a cabo”, puntualizó.
Este problema se discute en el Congreso de la Ciudad de México –antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)– desde 2018, situación que ha sido denunciada por ciudadanos que han sido víctimas de estos servicios a sobreprecio y que incluso, aseguran, tienen convenios con hospitales privados.
“Los compañeros fueron trasladados en una ambulancia particular de las que se conocen entre los repartidores como ‘patito’. Una vez realizado el traslado, a los familiares les fue solicitada la cantidad de 15 mil pesos por la atención médica, cantidad que es casi imposible de cubrir para un repartidor”, indicó Ni un Repartido Menos, colectivo de repartidores de todas las plataformas digitales, el cual ha documentado varios abusos.
Recientemente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que existe un grupo de ambulancias que no están reguladas y que aún así operan en la capital; sin embargo, éstas “resuelven un problema a la población”. Y resaltó que el principal trabajo es fortalecer la capacidad de asistencia en emergencia en la ciudad.
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“Hay una regulación que tiene que revisarse; en algunos casos llegan primero, es cierto, pero es importante mejorar el sistema y regular estas ambulancias que no brindan los mejores servicios, aunque resuelven un problema a la población”, señaló Claudia Sheinbaum.
Ante esto, el gobierno de la Ciudad de México, a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contracto Ciudadano (C5), informó a este diario que se reforzaron los sistemas de emergencia de la ciudad mediante distintas acciones que incluye la contratación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
“El personal de Cruz Roja Mexicana y ERUM, que se encuentra comisionado en las instalaciones del C5, son responsables de asignar la unidad más cercana que sea adecuada a cada tipo de servicio. Por protocolo, en todas las llamadas se reitera que el servicio es totalmente gratuito y qué unidad acude al incidente. Es de suma importancia que el usuario verifique que la unidad que llega es la indicada por el personal del 911 y que es de alguna de las tres corporaciones referidas”, indicó el Centro de Comando.
Sobre algunos reportajes periodísticos que aseguran que la línea de 911 es intervenida para poder llegar a los casos de emergencia, el C5 aseguró que el personal no cuenta con radios de comunicación y no se permite el ingreso al área del 911 ni al área de despacho con teléfonos celulares, “por lo tanto, no tiene la posibilidad de canalizar ambulancias directamente”.
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