Las instituciones de transparencia y dependencias estatales no garantizan información completa y accesible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sobre las compras públicas como contratos de obras, bienes y servicios que realizan los estados, donde el mayor riesgo de corrupción es la opacidad, revela el análisis “Compras públicas estatales: ¿dónde quedaron los datos?” del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
El IMCO analizó en la PNT 251 mil 148 procesos de compra realizados durante 2021 por las dependencias de los 32 estados de la República, cuyo monto asciende a 346 mil millones de pesos.
Sin embargo, se hallaron falencias que limitan el acceso a la información como errores de registro (caracteres erróneos en la captura de nombres y datos como el RFC); documentación inaccesible (enlaces electrónicos no funcionales o que no corresponden a la información de los contratos); falta de homologación (los estados usaron mil 849 formas distintas de captura y 329 para registrar el tipo de moneda); e información fragmentada en más de 40 mil bases de datos.
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Lo anterior aunado a que las instituciones estatales continúan omitiendo información sobre los procesos de compras públicas, a pesar de ser una obligación marcada en la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ejemplos de esto son los casos de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, que registró 580 veces el mismo enlace a un contrato que ya no funciona; el de la Fiscalía de Veracruz, que publicó mil 844 veces el mismo enlace hacia una pantalla que dice “por la naturaleza de la información que se reporta, no existe documento al cual remitir”; o el de la Unidad de Asuntos Internos del Estado de México, cuyo total de compras remite a un enlace con la leyenda “No aplica”.
“Si el no cumplimiento de la ley no tiene consecuencias, pues lo único que sucede es que termine no cumpliéndose. No diría que quieren ocultar, pero sí es un desdén al cumplimiento de la ley, porque lo que estamos viendo no se explica de otra forma”, puntualizó Valeria Moy, directora general del IMCO, quien agregó que los enlaces rotos y la información inaccesible “raya en una falta de respeto a la ley y a la ciudadanía”
Otra problemática reflejada en el análisis del IMCO, es que sin el acceso a la documentación completa sobre las compras no se puede corroborar que el monto reportado por las instituciones estatales sea el adecuado.
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En 2021 Baja California reportó en la PNT un gasto de 54 mil millones de pesos en el servicio de agua potable con un enlace que dirige a una hoja de Word con la frase “sin datos”; no obstante, esta cifra supera a los 18 mil 665 millones de pesos del presupuesto de egresos que se aprobó para el estado en 2022.
De acuerdo con Moy, el análisis del IMCO sirve para hacer un llamado al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) para que actualice la PNT y se asegure que la información de las compras públicas estatales esté completa, estructurada y sea homogénea. Asimismo, para que los institutos de transparencia estatales monitoreen el registro de las compras públicas y se mitiguen errores.
En este sentido, Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, recalcó la importancia del monitoreo de las compras públicas estatales y afirmó que, hasta el momento, resulta inexistente.
Las cifras de las compras públicas estatales en 2021
- De las 3 mil 686 instituciones estatales obligadas, solo el 52% registró información de compras públicas en la PNT; pero se desconoce el universo real de estas operaciones.
- 2 mil 423 instituciones no publicaron estos datos.
- El Estado de México es donde menos se registra la información de compras públicas, solo el 4% de sus instituciones lo hace.
- El 100% de las instituciones públicas de Guanajuato registraron información de compras públicas, lo que no significa que se haya reportado todo.
- Chiapas y Tabasco registraron 263 y 147 enlaces falsos, respectivamente.
- 6 de cada 10 adjudicaciones directas no cuentan con acceso al contrato; los estados con menor accesibilidad son Coahuila (4%), Sonora (6%) y Tamaulipas (6%).
- En 2021 se asignaron más de 3 millones de pesos a proveedores riesgosos: sancionados, de reciente creación y fantasmas.
- Michoacán fue el estado que más recursos asignó a empresas sancionadas con mil 23 millones de pesos.
- Jalisco encabezó a las entidades que asignan más recursos a empresas de reciente creación con 122 millones de pesos.
