Como se ha hecho costumbre entre los gobiernos estatales de la cuarta transformación, la seguridad pública quedará a cargo de un cuerpo militarizado, en el caso del estado de San Luis Potosí, la recién propuesta Guardia Civil, que tendrá mando militar.
El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, recién entregó la propuesta al congreso del estado para la creación de dicha corporación de seguridad de mando militar, y los diputados acordaron someter la propuesta a consulta y foros de parlamento abierto para que los ciudadanos participen en la elaboración del dictamen.
Así lo informó el diputado Edmundo Torrescano Medina, presidente de la comisión legislativa de puntos constitucionales en el congreso local de San Luis, tras aprobarse en comisiones unidas.
Los foros de parlamento abierto se llevarán a cabo en las diversas regiones del estado a través de mesas de trabajo que próximamente serán agendadas, con urgencia, por la Junta de Coordinación Política del congreso, explicó Torrescano Medina.
En las mesas de trabajo, continuó, se busca que participen elementos policíacos, representantes federales de seguridad, abogados y todo aquel que busque aportar su propuesta.
Como parte de la apertura para la creación de la ley habrá una ventanilla digital con el fin de que los ciudadanos envíen sus propuestas, y se difundirá a través de las redes sociales del poder legislativo y otros canales de comunicación, buscando dar máxima difusión a la consulta.
Las iniciativas presentadas por Gallardo Cardona serán traducidas a las lenguas de los pueblos originarios, agregó el legislador, con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan participar dando propuestas y opiniones al respecto, y serán enviadas a los 58 ayuntamientos para su difusión.
Cabe resaltar que la Guardia Civil ya tiene presupuesto asignado en la Ley de Egresos para el 2022, por lo cual desde el poder legislativo están trabajando a contrarreloj con el fin de que se ponga en marcha la corporación y pueda empezar a ejercer los recursos que le fueron aprobados.
Torrescano Medina añadió en este sentido que se buscará facilitar los trámites legislativos para que el dictamen sea elaborado y avalado lo antes posible, también por tratarse de un tema de seguridad, lo cual señaló como prioridad para el estado.
San Luis cerró el 2021 con seis delitos de alto impacto en foco rojo
El estado de San Luis Potosí cerró el mes de diciembre con una tasa de 160 delitos por cada 100 mil habitantes, por encima de la tasa nacional en dicho mes que es de 137, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En datos anuales, concluyó el 2021 con un incremento del 3% en la percepción de seguridad según sus habitantes, señala el semáforo delictivo nacional, marcando seis delitos en luz roja, es decir, por encima de la tasa de todo el país.
Estos delitos son robo a vehículo, con 135, robo a negocio con 72, lesiones dolosas con 139, violación con 22.5, violencia familiar con 320 casos y feminicido con 0.9. Todos los números representan la tasa por cada cien mil habitantes, y están por encima de la media nacional.
Organizaciones sociales piden detener militarización de seguridad en México
En agosto del 2021, el movimiento global Amnistía Internacional emitió un comunicado donde citaba a organizaciones sociales que señalaron como una necesidad urgente que el estado mexicano detuviera la militarización de la seguridad pública del país.
“Amnistía Internacional y #SeguridadsinGuerra vemos con preocupación que la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública, como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron, ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humanos, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
“Nuestro llamado al gobierno incluye que: reitere su compromiso de devolver las fuerzas armadas a sus cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país, particularmente en las zonas con más altos índices de violencia y criminalidad en el país.
“Las autoridades deben adoptar también las medidas necesarias para que en la legislación se prevea el uso arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señala el comunicado.
En su informe del 2021, Amnistía Internacional dio a conocer también que durante el 2020 la administración de Andrés Manuel López Obrador desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, contrario a su compromiso de campaña.
La Guardia Nacional, entre las 10 corporaciones de seguridad con más quejas por violaciones a Derechos Humanos
Amnistía Internacional también cita en su informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró al menos 219 quejas contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019, cuando se estableció formalmente este cuerpo, y agosto de 2020.
En el desglose de las quejas presentan que 51 fueron por detenciones arbitrarias, 28 por trato cruel, inhumano o degradante, tres por tortura, dos por homicidios ilegítimos y dos por desapariciones forzadas.
Desde el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH se establece que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350 y hasta agosto del 2021 se tenía un registro de 261, entrando en el top 10 de las corporaciones de seguridad con más quejas.
“Estas cifras podrían ser mayores ya que resulta difícil determinar el número total de violaciones a derechos humanos que cometió y está cometiendo la Guardia Nacional, debido a la falta de transparencia de las autoridades y la ausencia de un mecanismo especializado e independiente de rendición de cuentas. Además se debe considerar el hecho de que las víctimas a menudo tienen miedo de denunciar a las fuerzas de seguridad por temor a represalias.
“En el caso de las personas migrantes, la Guardia Nacional está siendo utilizada como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional. Recientemente, el Secretario de la Defensa Nacional aseguró que las fuerzas armadas tienen como uno de sus objetivos detener toda la migración en la frontera sur”, mencionan.
