SAN SALVADOR (AP) — Familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron el jueves al Estado salvadoreño que lleve ante la justicia y castigue a los responsables del asesinato de cuatro periodistas holandeses perpetrado por soldados del ejército de El Salvador en 1982.
“Exigimos la verdad, los hechos, los datos. Si fueron valientes para matarlos, ¿por qué no son valientes ahora para abrir la boca, después de 40 años de haberlos matado?”, dijo en rueda de prensa Gert Kuiper, hermano de uno de los periodistas asesinados el 17 de marzo de 1982.
La embajadora de los Países Bajos en El Salvador, Christine Pirenne, también exigió al Estado salvadoreño “que se haga justicia sin intervención, con acceso a todos los documentos necesarios y que todas las personas involucradas puedan hacer su trabajo con seguridad”.
Pirenne afirmó que “no puede haber un asesinato sin consecuencias. Entonces, pedimos como gobierno nada más y nada menos que justicia en este caso”.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea, François Roudié, que participó en la rueda de prensa, dijo que su presencia era para marcar el apoyo de todos los europeos en el reclamo de «verdad y justicia”.
Oscar Pérez, de la Asociación Comunicándonos -que representa en el país a las familias de las víctimas- recordó que en marzo de 2018 presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para que se investigara el asesinato.
Agregó que como respuesta la Fiscalía judicializó el caso y envió el expediente a un juzgado del municipio Dulce Nombre de María, en Chalatenango, donde en 1982 “se abrió el caso, pero sin acusar a nadie”.
El asesinato de los periodistas holandeses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Joanes Jan Willemsen fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil que concluyeron en enero de 1992.
Este crimen, como tanto otros perpetrados durante la guerra civil, no fue investigado y los culpables nunca fueron procesados debido a una Ley de Amnistía General promulgada durante el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) pocos días después de hacerse público el informe de la comisión de la ONU.
La señora Pirenne señaló que el asesinato de los cuatro periodistas es un crimen de lesa humanidad, como lo calificó el informe de la comisión de la ONU, y que nunca se ha investigado. “Cuarenta años que han sido una herida abierta para los familiares, para la sociedad holandesa”.
El informe de la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario Reyes Mena, con el conocimiento de otros oficiales sobre la base de un informe de inteligencia que los alertó sobre la presencia de los periodistas.
Días antes del asesinato agentes de la extinta Policía de Hacienda, vestidos de civil, llevaron a los periodistas a su cuartel para interrogarlos luego de tener información de que se habían contactado con guerrilleros.
La comisión de la ONU señaló en su informe que el “Estado no cumplió con la obligación de investigar, procesar y sancionar a las personas culpables, como es su deber de acuerdo con el derecho internacional”.
