A un lustro del sismo del 19 de septiembre (19S) del 2017 algunos damnificados siguen en pie de lucha contra aseguradoras que les han negado la indemnización por los daños que dejó a sus viviendas aquel movimiento telúrico.
El abogado Erick Dorantes, que ha representado a más de 70 familias en litigios contra aseguradoras, aseveró a este diario que las víctimas del 19S de hace cinco años se han enfrentado a diversos obstáculos para poder cobrar el seguro de su hogar.
Explica que en 80% de los casos, las aseguradoras se niegan a pagar la indemnización por el terremoto y hacen todo lo posible por alargar los procesos. En primer lugar, pidiendo a los damnificados comprobar que el inmueble fue realmente dañado por el sismo, algo que a los ojos del abogado ‘no parece nada ético’.
Para hacer tal demostración, señala que las personas deben hacer peritajes estructurales que para algunos quedan fuera de su alcance económico y por lo que deciden mejor abandonar el reclamo.
Otra de las cosas que parece un desafío para las víctimas es que el reclamo del seguro prescribe a los dos años, algo que suelen desconocer y si pierden comunicación con la aseguradora, cuando quieren ‘pelear’ por la indemnización, resulta que ya caducó.
Requisitos interminables
Los procedimientos de reclamos se vuelven un ‘viacrucis’ para los asegurados que buscan su indemnización ‘desde el momento que lee la póliza y se encuentra con 500 requisitos que tiene que presentar’.
En ese marco, sugiere que los hechos notorios no deberían ser cuestionables, por ejemplo, en el caso de los sismos, en donde se niegan al pago diciendo: ‘como ese no es un hecho propio, ni lo afirmo, ni lo niego’; de ahí deriva el proceso legal.
Respecto a la prescripción del seguro, el abogado considera que de manera clara se especifique en la ley que se interrumpe por cualquier tipo de acto que realice el asegurado solicitando su pago.
Agotamiento de damnificados
A la fecha, Erick Donantes sigue representando a alrededor de 30 familias que continúan sus juicios legales contra aseguradoras que ‘les han dado la espalda’.
La mayoría de los casos que continúan en la lucha por la indemnización, refiere, son de seguros que están contratados en créditos hipotecarios con bancos, Infonavit y Fovissste.
Vacío en Ley para la Reconstrucción
Además de la falta de claridad en la Ley sobre el Contrato de Seguro para obligar al cumplimiento de aseguradoras, hay vacíos en la Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México que deja fuera a algunos damnificados, tal es el caso de familiares de víctimas de Álvaro Obregón 286.
El inmueble en donde murieron 49 personas, el lugar con más fallecimientos en el país, estuvo en el ojo de la polémica por ser símbolo de corrupción puesto que contaba con un permiso de construcción de cinco niveles, pero se habían edificado dos pisos adicionales, lo cual pudo haber incidido en el vencimiento del soporte durante el sismo del 2017.
Los familiares de las víctimas que fallecieron en el lugar aseguran que se les dejó fuera del censo de reconstrucción y aunque hubo una reparación del daño, piden que en el predio -que fue expropiado por el gobierno capitalino- se construyan viviendas para las familias de los que ahí fenecieron.
Tanto Suzanna como Maria Teresa Romero, quien ‘perdió’ a su hija y a su cuñada en el mismo sitio, detallan que la respuesta de la Comisión para la Reconstrucción ha sido que no están considerados en los proyectos porque están enfocados en reconstruir viviendas.
Del memorial que se pretendía en el sitio aseguran que el recuerdo lo tienen presente cada uno de los familiares de víctimas por lo que no hace falta y por eso siguen en pie de lucha para que resurja un edificio habitacional.
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