Los grupos de hackers Cyber Hunters y Anonymous expusieron una serie de documentos confidenciales pertenecientes a la Armada Bolivariana de Venezuela. La información fue obtenida por un hacker conocido como Ilasan Kurosaki, quien lideró la incursión en los sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Este ataque se produjo en un contexto de creciente tensión en Venezuela, marcado por las recientes elecciones en las que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor, a pesar de las denuncias sobre falta de transparencia en el proceso electoral. La falta de publicación de actas oficiales y las acusaciones de fraude han generado un fuerte descontento, tanto dentro como fuera del país e incluso llevaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a exigir la inmediata publicación.
En respuesta a estas irregularidades y como parte de una ofensiva cibernética más amplia, Cyber Hunters y Anonymous han liderado una serie de ataques dirigidos a las infraestructuras digitales del gobierno venezolano. Desde finales de julio, han derribado más de 500 sitios web oficiales, incluyendo los de instituciones clave como la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, y PDVSA. Estos ataques han puesto al gobierno de Maduro en una posición vulnerable, afectando su capacidad operativa y revelando numerosos casos de corrupción y mala gestión.
Gastos militares sobre el bienestar social
Los documentos filtrados recientemente revelan detalles sobre las prioridades del gobierno de Maduro. A pesar de la crisis económica y social que enfrenta el país, con millones de venezolanos sobreviviendo con un salario mínimo de 130 bolívares, equivalentes a $3.58 dólares, el gobierno ha destinado vastos recursos a la compra de armamento y el fortalecimiento de su capacidad militar. Por ejemplo, se ha invertido $347.3 millones en la compra de armamento para las Unidades Anfibias (IMB), en colaboración con la empresa china NORINCO y la compañía venezolana VEXIMCA.
Además, el gobierno ha asignado $17.8 millones para la compra de motores de alta potencia YAMAHA para embarcaciones fluviales, y $1.6 millones en la creación de un taller para el mantenimiento de misiles. Estas inversiones contrastan con la realidad de la población venezolana, que enfrenta una inflación descontrolada y una escasez crónica de alimentos y medicinas.
Entre las revelaciones también se encuentra la inversión de €49.8 millones en la recuperación del submarino AB “Caribe” (S-32), y $12.9 millones en la instalación del sistema de torpedos ligeros ET52C, que incluye la adquisición de 36 torpedos. Asimismo, se ha destinado $4 millones para la compra de minas navales y $78.6 millones para la adquisición de misiles Sup-Sup C-802A.
Estos gastos, según los críticos del régimen, reflejan una prioridad en el fortalecimiento del poder militar del gobierno de Maduro, mientras el pueblo venezolano sufre las consecuencias de una economía colapsada y una crisis humanitaria prolongada.
Los hackeos recientes, que han dejado fuera de servicio sitios clave del gobierno, son parte de una campaña coordinada para exponer estas contradicciones y apoyar la resistencia del pueblo venezolano en su lucha contra lo que muchos consideran una dictadura.
