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CDMX aumenta penas para quien utilice la IA para cometer delitos

Morena mencionó que“en la actualidad no se regula el uso de la tecnología e inteligencia artificial que facilitan la falsificación de documentos

Desde el Congreso de la Ciudad de México se busca seguir regulando el uso de la Inteligencia Artificial (IA), pues la diputada de Morena, Leonor Gómez Otegui presentó una iniciativa para castigar con penas de hasta 8 años de prisión los métodos de alteración de documentos, los recursos tecnológicos, los conocimientos técnicos y cualquier medio físico que permita la expedición de documentos apócrifos.

En la segunda sesión de la Comisión Permanente en el Congreso de la Ciudad de México mencionó que en la actualidad no se regula el uso de la tecnología e inteligencia artificial que facilitan la falsificación de documentos y que al no estar textualmente establecidos en la norma de orden penal no pueden ser sancionados.

La modificación anterior debe complementarse con un incremento equitativo en las sanciones que actualmente maneja el Código Penal para el Distrito Federal, por lo que se propone modificar el Artículo 335 para incrementar de cuatro a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al que: I. Falsifique o altere acciones, obligaciones u otros documentos de crédito público del Gobierno del Distrito Federal.

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Para el Artículo 337 se propone pasar de seis meses a tres y hasta seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, al que falsifique o altere sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños, matrices, planchas, contraseñas, boletos, fichas o punzones particulares.

Y por último Artículo 339, se establece que al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado por cualquier medio físico, técnico o con la utilización de recursos tecnológicos, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a mil días multa.

La iniciativa que busca reformar los artículos 335, 337 y 339, todos del Código Penal para el Distrito Federal, fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.


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