Los deudores alimentarios no podrán ingresar a conciertos y estadios de la Ciudad de México, y es que desde el Congreso capitalino se presentó una iniciativa de reforma para impedir el acceso de personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) a espectáculos públicos y privados en la Ciudad de México.
La medida busca generar presión social efectiva para obligar al cumplimiento de las responsabilidades a los padres y madres en falta. La propuesta del diputado Pedro Haces Lago busca garantizar el cumplimiento de una obligación que tiene que ver con el cuidado y bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes.
Esto sin recurrir al ámbito penal, así como visibilizar el abandono económico como una forma de violencia infantil y de desigualdad estructural, ya que “no es justo ni ético que quien evade su obligación alimentaria viva con total impunidad la vida social y de entretenimiento, mientras niñas y niños en nuestra ciudad enfrentan carencias tan básicas como la comida”.
Destacó que el abandono económico de la infancia no sólo representa una falta de responsabilidad individual, sino una deuda colectiva que debe ser atendida desde el Estado. Además, Haces Lago lamentó que actualmente, en México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.
La mayoría de los deudores son hombres; la mayoría de las cuidadoras son mujeres, por lo que esta omisión no solo perpetúa la desigualdad, sino que profundiza la feminización de la pobreza.
¿Qué plantea la iniciativa?
La iniciativa plantea reformar el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México para dotar a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de nuevas atribuciones: coordinar operativos mediante el Registro Civil, celebrar convenios con empresas del sector deportivo y recreativo, y prohibir temporalmente el ingreso a eventos masivos a deudores morosos inscritos en el REDAM.
El legislador advirtió que los mecanismos actuales han sido ineficaces. Entre 2018 y 2022, el REDAM reportó apenas 114 personas inscritas. Pero solo en los primeros nueve meses de 2023, esa cifra se disparó a 781 denuncias por incumplimiento de pensiones, lo que representa un aumento del 106%. “El abandono económico no solo no se detiene… se está saliendo de control”, alertó.
