La reforma electoral propuesta por el presidente, cuyo debate en las cámaras del Congreso inició desde la semana pasada (aunque fue presentada desde abril) tiene propuestas que están alarmando a México e, incluso, a Washington. No es una exageración, se considera que la reforma sería regresiva, pues nos remontaría a la época más autoritaria y antidemocrática del PRI: cuando simulaban una democracia. El PRI dominaba en el Congreso, por lo que todas las iniciativas del Ejecutivo eran aprobadas sin problema, cosa que cambió por primera vez en 1997, cuando por primera vez el PRI perdió su mayoría en la Cámara.
Algunos expertos consideran que la reforma afecta a los partidos minoritarios, quienes, al tener un menor número de militantes, no podrán impedir que Morena diseñe mecanismos para obtener recursos públicos que le darían una mayor ventaja en las elecciones, es decir, quieren aniquilar a la oposición y a los contrapesos del poder. Me permito explicar por qué.
La esencia populista de la 4T quiere transformar al INE por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC) en aras de enaltecer las consultas populares, cuestión que no tiene nada de malo per se, pero que es preocupante. En estos cuatro años, donde los sectarios de la 4T han demostrado que quieren democracia y justicia a mano alzada, como la absurda consulta para enjuiciar a ex presidentes y la de revocación de mandato. Ninguna de ellas tuvo efectos jurídicos, solo fue un despilfarro para la base que quiere asegurar el presidente. Además, se propone que sea un 33% y no un 40% para que el resultado de la consulta sea vinculante, obviamente para poder operar el tablero a su favor.
Al reducirse el número de diputados de 500 a 300 y de senadores de 128 a 96 se atenta también contra la pluralidad y el hecho de que todos los partidos tengan voto y una representación en el Congreso de la Unión.
Se quiere reducir el número de consejeros del INEC, de 11 a 7, en un total desdén por su labor y capacidad técnica, con el argumento también de que tienen altos sueldos, siendo que están impedidos por Ley a desempeñar otros cargos y ejercer otras funciones, a diferencia de los parlamentarios.
Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serían propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas, ello dando pie a más funcionarios con intereses políticos.
En palabras del propio José Woldenberg, primer presidente del otrora IFE, “la propuesta implica volver a tener consejeros partirizados. Porque si va a haber una votación de carácter nacional, la única posibilidad que esos consejeros tienen de hacer campaña es aliándose con alguno de los partidos políticos, porque son los únicos que tienen el aparato suficiente para hacer campaña a lo largo y ancho del país”.
El financiamiento público a partidos políticos solo podría ser usado para campañas electorales. y se plantea una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Por supuesto que ahorita la 4T no necesita esos recursos, la oposición sí.
Incluso existe el riesgo que los siete consejeros del INEC, planteados en la reforma, llegaran propuestos por la Presidencia de la República, exactamente igual puede suceder con los magistrados del Tribunal Electoral.
Esta reforma electoral es regresiva y antidemocrática, pues no busca el fortalecimiento de una institución autónoma, ni siquiera tiene un diagnóstico previo, no hay alguna intención de los elementos o preceptos, los cuales habrá que corregir y/o mejorar dentro del propio sistema electoral. Además, con la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales sólo se concentraría más el poder en muy pocas manos.
El ahorro es el argumento fundamental de la reforma, una cuestión simple sin implicaciones técnicas. Aparte, son los partidos de oposición los que proponen las reformas electorales, buscando obtener alguna ventaja que los haga más competitivos ante el espectro dominante del partido en el poder que plantea la reforma.
El presidente confunde la corrupción con la impunidad para castigar adversarios y también confunde la corrupción con el exceso. Piensa que la austeridad es el antídoto y bajo esa lógica ha venido justificando esta reforma electoral, manifestó a su vez el exconsejero Mauricio Merino.
Fuera del oficialismo, todos saben que cambiar las reglas electorales es una pretensión explicita para desequilibrar nuestra vida democrática, para sellar la perpetuación de un gobierno y de un estilo de gobernar.
El Ejecutivo ha puesto la trampa, los legisladores de oposición deben hacer su trabajo en las cámaras. Confiemos y apuremos a nuestros diputados y senadores para que no permitan de ninguna manera, un avance de las pretensiones de Morena y el presidente; asimismo, esperemos que no haya una traición de quienes ya lo han hecho antes.
Rescatemos algunos de los datos del sentir ciudadano que arrojó el INE sobre la marcha en su defensa: el 66% percibe que el país está retrocediendo, el 57% asocia al INE con Democracia, el 69% de los asistentes menciona haber ido a la marcha para defender al INE, el 96% de los asistentes sintió emociones positivas al unirse a la marcha y el 51% piensa que el mensaje debe ser escuchado por el presidente.
Estas son algunas expresiones derivadas de la encuesta que aportan, a lo mismo y no necesariamente de menor importancia, y que le duelen a la 4T y a su mesías.
