Mientras los ministros juegan damas chinas, el Presidente Andres Manuel López Obrador juega ajedrez, escribió el periodista Carlos Fernández Vega … y es que el jefe del Ejecutivo ha considerado la construcción de obras emblemáticas de la 4T (el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los Aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum) como obras de seguridad nacional y de interés público.
Además ha decretado de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación y explotación y demás mejoras en tres tramos ( que corren por el sur de Veracruz y Opera Ferrosur, de Germán Larrea). A partir del sábado 20 de mayo, la Marina ocupa tres tramos de Ferrosur.
De hecho, mientras ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no terminaban de destapar las botellas de champagne (por supuesto compradas con los impuestos de los mexicanos) para celebrar que habían tirado el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 22 de noviembre de 2021 (que calificó de seguridad nacional toda información relativa a los proyectos prioritarios y estratégicos, como el Tren Maya, el AIFA, y la Refinería Dos Bocas), éste ya había publicado nuevos decretos para que toda la región del Tren Maya se convierta en una zona de seguridad nacional y de interés público. Así nadie, y a pesar de cualquier lluvia de amparos, frenará el desarrollo económico y social del sureste mexicano.
Lo que los mexicanos exigimos es que la SCJN sea honesta y se apegue a la Constitución en beneficio del pueblo y que no se ocupen sólo de los intereses de la derecha, de aquellos que quieren privatizar las instalaciones a todas luces estratégicas para el país, y ponerle aún más piedras en el camino a la última etapa de construcción de estas obras.
Parece que en automático y metiendo el acelerador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN desecha toda iniciativa del Ejecutivo.
No se puede ser neutral en un tren en marcha; ¡estamos obligados a tomar partido! Por mi parte, solo les recuerdo a los 8 ministros de la SCJN que votaron contra el decreto del Presidente, que hay una exigencia de la mayoría de los mexicanos de que nuestro país se debe transformar; en contraste con un 76% de los mexicanos que desconfían del aparato oficialmente responsable de impartir justicia. (La Jornada, 20 de mayo 2023).
Lo resuelto por la Suprema Corte es de una irresponsabilidad absoluta.Hay en los ministros de la SCJN una tendencia a estar entorpeciendo todo el desarrollo del país, y todo el proceso de transformación que encabeza el Presidente de la República.
Con estas resoluciones no le pegan al presidente de la República, sino al pueblo de México; y demuestran que están en contra del desarrollo del país.
Ahora que el Presidente ha generado un nuevo decreto , cabe la posibilidad de que los Ministros de la Suprema Corte lo echen abajo.
Si su fobia francamente enfermiza hacia la 4T los llevara por ese camino, mi recomendación sería que lo midan bien, que reflexionen, … porque su actuar con las vísceras los lleva a cometer errores como el ocurrido en días recientes por parte de la Ministra de la Corte, Norma Piña, al amenazar al Presidente del Senado,Alejandro Armenta por su posición y opiniones de la labor de los integrantes del Poder Judicial.
La ministra Norma Piña ha confirmado que la conversación que sostuvo vía wattsapp con el Senador Arando Armenta es real, con lo que se confirma que la presidenta de la SCJN lo quiso reconvenir por sus posturas sobre la democratización del Poder Judicial.
El artículo 61 constitucional advierte que senadores y diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y que jamás podremos ser reconvenidos por ellas. Tal es el caso del Senador Armenta.
“Es lamentable que se emitan expresiones a título personal, confirmadas en una carta dirigida a la opinión pública, sin dar aún respuesta al oficio formal presentado por un servidor el 17 de mayo del presente año sobre sus dichos”, comentó el senador Armenta en días recientes.
Todo nuestro respaldo al presidente del Senado por parte del Grupo Parlamentario de Morena y ojalá que este exabrupto que cometió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia le sirva para serenarse y que su antipatía hacia la Cuarta Transformación no la lleve a ella y a sus ministros a seguir cometiendo atropellos a la Constitución y a la Justicia.
Si el tiempo y la ley lo permite, -como dijo el Presidente- tendremos una consulta popular en torno a la reforma al Poder Judicial. Que sea el pueblo el que decida si deben elegirse a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sea la ciudadanía quien decida si las y los ministros deben ser o no elegidos por el pueblo y no impuestos, como ocurre actualmente.
Lo cierto es que las y los ministros de la SCJN anulan las leyes que no convienen a sus intereses, como la del plan B para reformar al INE, que en automático les obligaría a ganar menos que el Presidente, y a perder 40 privilegios especiales que tienen garantizados con 20 mil millones que guardan en sus fideicomisos.
Además se supo que la Ministra Norma Piña contrató a Sonia Vargas quien fue Directora General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el período de Genaro García Luna.
Sonia Vargas firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.
Con fecha 1 de abril de 2023 la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña la contrató como directora de la coordinación de administración del Consejo de la Judicatura Federal que manejará contratos de muchísimo dinero.
El Poder Judicial ha privilegiado los intereses de las minorías, dejando de lado el bienestar del pueblo. Coincidió que el primer día de la llegada de Norma Piña a la Suprema Corte un jurado en Nueva York decidía que Genaro García Luna era narcotraficante y en México se desconglaban las cuentas de su esposa.
“Se han otorgado amparos a sujetos con procesos por lavado de dinero, facturación falsa, secuestro- Daniel Arizmendi- y hasta uno de los responsables de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, José Luis Abarca; y a Héctor El Güero Palma. ¿Los jueces son ajenos a los sesgos políticos, los sobornos, las presiones de los poderes económicos, legales o ilegales, por el solo hecho de ser jueces” (Fabricio Mejía Madrid, 20 Mayo, 2023).
¿Cómo no blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general, ese ha sido el trabajo, el juego maestro del Presidente López Obrador: defender el interés público hacia la transformación de México con la puesta en práctica de un proceso de pedagogía política y concientización contínua por el bienestar social y de la nación, el debate público en el país y la salvaguarda de los derechos de las minorías.
