Durante muchos años, la gente ha sentido que juezas, jueces y magistrados no representan al pueblo. Piensan que la justicia es lenta, lejana e incluso inalcanzable para la mayoría. Pero ahora, es precisamente el pueblo el que tendrá la oportunidad de dar un nuevo rostro a nuestro sistema legal.
Hasta ahora, la selección de juezas y jueces había sido un proceso interno del Poder Judicial, que por supuesto perpetuaba prácticas indeseables que impedían atender las necesidades reales de la población.
Eso ya cambió. Ahora, seremos todas y todos nosotros quienes decidiremos qué tipo de jueces queremos y necesitamos, a través de una elección que se realizará el 1 de junio. Sin lugar a dudas, se trata de un ejercicio democrático nunca antes visto en nuestro país.
Esta gran transformación inició con la reforma constitucional del año pasado, cuyo propósito fue democratizar el Poder Judicial a través de un proceso de selección bastante riguroso.
La idea es que prácticamente cualquier persona pueda participar, pero que sólo las y los mejores pudieran llegar a ser candidatos.
Para lograrlo, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial crearon comités evaluadores que determinaron la idoneidad de cada aspirante, a través de entrevistas públicas y otros mecanismos de evaluación. Y ahora, tras un necesario escrutinio público que ha seleccionado a las y los mejores, será el pueblo el que decida quiénes llegarán a los cargos.
Por eso insisto tanto en que la justicia de nuestro país está en manos de la ciudadanía. Y sí, lamentablemente, hay quienes ponen en duda la capacidad de las personas para tomar esa decisión. Al respecto, mi postura sigue siendo la misma, el pueblo tiene la sabiduría necesaria para elegir.
Hacia el primero de junio, todas y todos tenemos tarea por hacer. Las y los candidatos deberán presentarse ante la gente y ganar su confianza.
Por su parte, los medios de comunicación, las facultades de derecho, las barras de abogados y las asociaciones civiles deberán asumir el compromiso de informar y explicar lo que está en juego en estas elecciones.
En estos meses, las personas candidatas deberán dar a conocer los problemas que identifican en el sistema de justicia y, sobre todo, las soluciones que proponen. Y como ciudadanos, debemos evaluar las credenciales de cada uno.
Decidí participar en este proceso porque confío en la sabiduría del pueblo y he superado un riguroso proceso de evaluación para postularme como candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Son las exigencias de justicia las que me inspiran a mejorar mi papel como impartidora de justicia. La discriminación, la marginación y la pobreza en este país son mi mayor apremio.
Mis ideales son los mismos que he tenido durante toda mi carrera, una justicia con equidad, con sentido social y con la más alta responsabilidad institucional.
