La madrugada de este jueves 9 de enero de 2025, en el barrio de San Antonio, Coronango, un enfrentamiento armado dejó como saldo la muerte de un policía municipal y un civil.
El oficial, identificado como Juan Carlos Cuautle, acudió junto con sus compañeros a atender un reporte de robo a casa habitación. Sin embargo, al llegar al lugar fueron atacados a balazos por los presuntos delincuentes.
Este ataque eleva a ocho el número de elementos de seguridad asesinados recientemente en Puebla, incluyendo a siete policías locales y un miembro de la Guardia Nacional, víctimas de diversos atentados en los últimos meses.
Violencia recurrente en la región
El pasado 27 de diciembre de 2024, en el mismo municipio, una oficial perdió la vida tras ser embestida por un tractocamión robado. El incidente ocurrió durante una persecución en las inmediaciones del Periférico Ecológico. Coronango es gobernado por Armando Aguirre Amaro.
Días antes, el 16 de diciembre, Israel Vielma, comandante de la policía de Tilapa, fue asesinado en un camino de terracería cuando se dirigía a su domicilio en Atzala. Hombres armados lo interceptaron y vecinos de la zona encontraron su cuerpo horas después.
El 13 de diciembre, durante un operativo en la autopista Puebla-Orizaba, un elemento de la Guardia Nacional fue abatido por presuntos ladrones de tráileres en Acatzingo.
Ataques directos contra policías
Uno de los eventos más violentos ocurrió el 4 de noviembre de 2024, cuando un grupo armado irrumpió en la unidad médica Gonzalo Río Arronte, en Atlixco. Los sicarios asesinaron a los oficiales Armando y María Guadalupe, quienes intentaron repeler el ataque.
Los agresores ingresaron al hospital para ejecutar a un presunto delincuente con historial delictivo, quien había sido herido un día antes en una riña.
Otro caso relevante se registró el 22 de octubre de 2024, en Xoxtla. Dos policías municipales fueron asesinados mientras resguardaban el parque La Pirámide. Un grupo armado los atacó con al menos 20 disparos.
Tras los hechos, la alcalde Guadalupe Ortiz Pérez aseguró que las dos personas ejecutadas eran “guardias ciudadanos” y no policías, pues se dio a conocer que estaban desarmados y no contaban con registros formales para ser reconocidos como elementos municipales.
